La Paz, 12 de noviembre de 2022 (ATB Digital).– La Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) expresó su preocupación por las amenazas y persecución de dirigentes de los sectores sociales en Santa Cruz y demandó a la Fiscalía General del Estado “desarticular” a la paraestatal Unión Juvenil Cruceñista (UJC), vincula a la violencia de este viernes.
El representante de la APDHB, Édgar Salazar, condenó los hechos de violencia que terminaron en la quema de la sede de los campesinos, la toma y saqueo del edificio de la Central Obrera Departamental (COD) y el cerco a instituciones estatales como el Instituto Nacional de Estadística (INE)
“Hay culpables claros que son el señor Fernando Camacho y Rómulo Calvo, porque hemos visto en Santa Cruz como se paga y financia económicamente a la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) para generar terror, violencia, luto y dolor”, afirmó en una entrevista con el canal estatal Bolivia Tv.
Salazar demandó a la Fiscalía desarticular a este grupo paraestatal, como lo definió el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en su informe sobre los hechos de violencia de la crisis de 2019.
“Este es el momento en que la Fiscalía General del Estado tiene que desarticular este grupo parapolicial que está generando muerte, humillación, racismo y discriminación por el discurso de odio”, demandó el activista.
La APDHB acusó a Camacho y a Calvo de autoría intelectual del asalto, saqueo y quema de dos entidades democráticas sindicales, la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Santa Cruz y la Central Obrera Departamental de Santa Cruz.
Salazar informó que la institución se constituirá en parte de todo proceso activado para esclarecer y establecer responsabilidades de lo sucedido este viernes, pero además pidió a organismos internacionales de derechos humanos.