La Paz, 15 de noviembre 2022 (ATB Digital). – El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) lamentó hechos de violencia, violación, racismo y ataque a instituciones en el paro en Santa Cruz.
A través de un comunicado, la misión del organismo en Bolivia consideró que “la violencia de cualquier naturaleza y de cualquier actor, no tiene cabida en el ejercicio legítimo del derecho a la reunión y protesta”.
En 25 días de paro indefinido en Santa Cruz, en demanda del Comité Interinstitucional de Censo en 2023, hubo cuatro fallecidos, una violación grupal, una quema y un saqueo a sedes sindicales, entre varios hechos de violencia.
Julio Taborga
Al comenzar el paro, el 22 de octubre, Julio Taborga murió a golpes de parte de quienes promovían las protestas en Puerto Quijarro. Hay tres aprehendidos por el caso.
Otra persona, Eduardo Arancibia (de 22 años), murió degollada por un cable coaxial colgado entre un poste y otro en un punto de bloque en el Quinto Anillo, en Santa Cruz.
El accidente ocurrió el 9 de noviembre y las autoridades judiciales imputaron a tres personas vinculadas al bloqueo. Infortunado no vio el cable al cruzar con su motocicleta el punto.
Apuñalados
Otras dos personas, José Eduardo Sosa y Jhon Jairo Montero, murieron en otro punto de bloqueo, en el barrio Latino. Resultaron apuñalados.
El Gobierno informó que de se trata de “pandilleros” que se disputaban el control del punto de bloqueo. Cinco personas fueron aprehendidas en el caso.
La OACNUDH expresó sus condolencias a las familias.
Derecho a la vida
Además, consideró que “la pérdida de vidas (…), los daños a la integridad física de cientos de personas y a la propiedad, así como ataques a instituciones y organizaciones sociales, son inaceptables y no pueden repetirse”.
El viernes, en una movilización de gremiales, interculturales y transportistas, la Policía dispersó con gases lacrimógenos los enfrentamientos que se produjeron con miembros de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC).
Los disturbios en cercanías de la rotonda de El Chiriguano degeneraron en la quema de la sede de la Federación de Campesinos y de la toma y saqueo de la Central Obrera Departamental (COD).
Detenidos
Al menos 19 personas fueron detenidas, por las que el cabildo del domingo, promovido por el Comité pro Santa Cruz, exigió su liberación en un plazo de 72 horas.
Otro caso grave fue denunciado por la Casa de la Mujer, que a raíz de eso sufrió hostigamiento y amenazas. Una joven de 21 años fue violada en el tercer día de las protestas.
Sobre este caso, la OACNUDH dijo que “la denuncia de violación sexual colectiva de una mujer por parte de un grupo de manifestantes debe ser investigada de manera efectiva y con prontitud”.
Racismo
Además, fustigó el ataque a mujeres ayoreas en Concepción, extremo ocurrido el 28 de octubre y del que fue protagonista el subgobernador Daniel Velásquez.
Ese día, el funcionario del gobernador Luis Fernando Camacho agredió a mujeres ayoreas, quienes pretendían despejar un punto de bloqueo vinculado al paro indefinido.
“Las actitudes y comportamientos de esta naturaleza no pueden tener ninguna cabida en una sociedad democrática y exigen seguir trabajando en el respeto y la inclusión”, dice la OACNUDH.
Investigación
Exigió a las autoridades del Estado “investigar toda la alegación de violación de derechos”.
“Este rol es de particular importancia para evitar actos de racismo y discriminación, como los documentados en Concepción contra mujeres ayoreas”, recalcó el organismo.
También expresó la necesidad “esencial de proteger la labor de las y los trabajadores de los medios de comunicación”. En los conflictos, varios periodistas fueron agredidos por los movilizados, uno de ellos incluso fue golpeado ferozmente en La Guardia.
Responsabilidad
La OACNUDH “hace un llamado a la responsabilidad de todos los actores para asegurar el respeto y goce de los derechos humanos en el marco del paro en Santa Cruz”.
Las protestas comenzaron el 22 de octubre. El Comité Interinstitucional demanda Censo en 2023. En respuesta, el Gobierno propició una mesa técnica en Trinidad, que sugirió empadronamiento en marzo o abril de 2024.
En consecuencia, el presidente Luis Arce promulgó el Decreto Supremo 4824, que define Censo de Población y Vivienda el 23 de marzo de 2024.
Fuente: La Razón