La Paz, 25 de noviembre 2022 (ATB Digital). – El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, llamó una vez más a los dirigentes cruceños a reflexionar sobre las consecuencias del paro, indefinido que lleva 35 días, y la necesidad de retornar a la convivencia pacífica ante las múltiples vulneraciones de derechos a la salud, a la vida, a la integridad y a la libre circulación.
Callisaya indicó que en 35 días de paro se registraron 68 denuncias, de los afectados y otros por oficio, sobre vulneraciones a los derechos humanos.
“Es un llamado a la reflexión a los líderes de las diferentes instituciones que son parte de este conflicto del paro en la ciudad de Santa Cruz, en sentido de reflexionar los efectos reales del paro, estamos demeritando nuestra convivencia como bolivianas y bolivianos y no podemos permitir que se destruya esta convivencia, ese tejido social”, enfatizó el Defensor en una entrevista en la Red Patria Nueva.
Señaló que el paro cívico genera un estado de violencia, discriminación y racismo, por lo que “hay que reflexionar para recomponer la convivencia pacífica” y el respeto a la vida.
El Defensor del Pueblo sostuvo entrevistas con distintas personas afectadas por el paro indefinido en Santa Cruz.
Señaló que un adulto mayor falleció por falta de atención médica oportuna, debido a los bloqueos que le impidieron transportarse a un centro médico.
Asimismo, se refirió a los ataques que sufrieron los indígenas ayoreos en Concepción las pasadas semanas, por rechazar el paro cívico.
“Varias personas indígenas de ayoreos han sido objeto de racismo, de discriminación y que actualmente están en búsqueda de una migración del lugar, esto también representa un nivel de intolerancia que no podemos nosotros permitir”, afirmó.
Atendió también a los padres de niños con cáncer que denunciaron las agresiones en los puntos de bloqueo en Santa Cruz cuando intentaban llegar al Hospital Oncológico.
La Defensoría del Pueblo recibió y registró 68 quejas generadas por el paro cívico, las cuales son representadas ante las autoridades correspondientes.
“Vamos al lugar, verificamos el hecho, mandamos requerimientos de informe a las autoridades, tomamos testimonios y al final, también se elaborará un informe con las recomendaciones al Estado en todos sus niveles de gobierno”, indicó.
Fuente: ABI