Santa Cruz, 26 de noviembre 2022 (ATB Digital).- Sin lograr lo que se había propuesto de “arrancar” del Ejecutivo la realización del Censo el año 2023, el Comité Pro Santa Cruz determinó levantar el paro indefinido luego de 36 días y tras la aprobación de un proyecto de ley en la Cámara de Diputados que ratifica la propuesta del Gobierno nacional de distribuir los ingresos por coparticipación tributaria en septiembre de 2024.
En una evaluación de estos días del paro, el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM) y presidente del Comité Interinstitucional, Vicente Cuellar, dijo que si bien se inició la medida con la exigencia de que la encuesta nacional se realice el año 2023 ahora es difícil de “mantener la exigencia y defenderla técnicamente”.
“Quizás hay una espina del (año) 2023, se posicionó el 2023, pero bueno hay que ser realistas, esto es lo que tenemos y en este momento no podríamos sostener técnicamente, tampoco podemos entrar a un capricho sin ningún fundamento de quedarnos con el Censo 2023”, dijo Cuellar a la Radio El Deber.
Según señaló, a medida que pasaba el tiempo, se reducía la posibilidad de ejecutar de manera exitosa el calendario propuesto por el Comité Interinstitucional para realizar el Censo en 2023.
En un inicio, el Comité propuso que la encuesta nacional se la efectúe en julio de 2023, luego ajustó su calendario para octubre del mismo año y finalmente para noviembre.
Al final la propuesta del Comité naufragó por la insostenibilidad técnica del proceso y ello fue trasmitido por Cuellar a los legisladores de las bancadas del Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos de Santa Cruz durante una reunión, el 15 de noviembre.
En un audio de esa reunión, presuntamente grabado y filtrado por un legislador de Creemos que responde al gobernador, Luis Fernando Camacho, el senador Henry Montero pregunta a Cuellar: “¿quién le va a comunicar a la población que el Censo no se puede realizar en 2023?”.
Fue luego de ese encuentro, el 23 de noviembre, que tanto Cuellar y Camacho admitieron que “no se podía sostener” la encuesta nacional en 2023 y que la fecha “ya no era determinante” sino simplemente “un concho”.
Ambos, por diferentes medios, señalaron que se lograron importantes logros en estos días de paro.
En esa misma dirección, Cuellar afirmó este sábado que la movilización de estos 36 días logró el compromiso de que los resultados del Censo de 2024 se conocerán en septiembre de ese año y que con ello el Gobierno realice la distribución de los ingresos por coparticipación.
Pero, además, que el mes de septiembre de 2024 se remitan los resultados de la encuesta nacional al Órgano Electoral para que ejecute la asignación de los escaños del Legislativo.
Sin embargo, desde la visión del Gobierno nacional esas propuestas ya habían sido ofrecidas antes del inicio del paro y entregadas por escrito el primer día de la medida de presión, el 22 de octubre, en la reunión organizada en la capital cruceña bajo la dirección de la ministra de la Presidencia, María Nela Prada.
El portavoz presidencial Jorge Richter recordó que en esa reunión la ministra Prada propuso elaborar un nuevo decreto que establezca la distribución de los ingresos por coparticipación a partir del mes de octubre de 2024.
Dijo que si bien se adelantó ese proceso para septiembre de 2024 fue por recomendación de la Comisión Técnica, que sesionó en Trinidad, Beni, entre el 05 y 09 de noviembre, y no por presión del Comité Interinstitucional de Santa Cruz cuyos delegados abandonaron esa reunión.
Además, recordó que la asignación de escaños parlamentarios está definida por la Constitución Política del Estado y la Ley 026, pues ambas normas establecen que una vez se realice el Censo se deben reasignar estos espacios de la Cámara de Diputados.
“¿Qué es lo que han conseguido? pero ellos (Rómulo Calvo, Fernando Camacho y Vicente Cuellar) viven diciendo que han logrado importantes resultados producto del paro para encontrar una suerte de hallar un argumento útil para presentarse dignamente ante Santa Cruz y no pierdan sus liderazgos que sí lo van a perder posiblemente”, aseguró el portavoz.
Motivado por Camacho, el Comité Interinstitucional de Santa Cruz validó en el cabildo del 30 de septiembre su objetivo de ir a un paro indefinido desde el 22 de octubre en demanda de que el Censo de Población y Vivienda se realice el 2023, pese a que en ningún escenario pudo argumentar técnicamente esa petición.
Centrado en su negativa a dialogar, la dirigencia del Comité se enfocó en impulsar el paro que en estos 36 días provocó la muerte de al menos cuatro personas, cientos de violaciones a los derechos humanos, agresiones al pueblo indígena Ayoreo, impuso “peajes” obligados en los puntos de bloqueo y generó más de $us 1.000 millones en pérdidas económicas.
Luego de que en horas de la madrugada de este sábado la Cámara de Diputados aprobó en sus estaciones en grande y en detalle el proyecto de Ley de aplicación de los resultados del Censo de Población y Vivienda en los ámbitos financiero y electoral, el presidente del Comité Pro Santa Cruz junto con Vicente Cuellar anunció la decisión de levantar la medida de presión.
Sin embargo, decidió mantener “su estado de emergencia” en espera de que la norma, que en esencia recoge los contenidos del Decreto Supremo 4824 que fija para el 23 de marzo de 2024 la realización del Censo, sea sancionada en el Senado y promulgada por el presidente.
“Un paro que nunca debió ser al fin se suspende”, señaló al respeto la analista política, Susana Bejarano.
Fuente: ABI