Santa Cruz, 27 de noviembre 2022 (ATB Digital).-Recuento del desastre dejado por el paro cívico: miles de madres de familia privadas de sus ingresos diarios para sostener a sus hijos. “Pedimos que se nos haga justicia”, demandaron este domingo, al reinstalar sus modestos puestos de venta.
El gobernador, Luis Fernando Camacho; y el presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, impusieron desde el 22 de octubre al 26 de noviembre el paro indefinido que dejó desolada a la capital, por una demanda estrictamente técnica como es el Censo de 2024.
No fue una huelga o un paro de los que se conocen en Bolivia, sino una organizada para golpear a los que no cumplen su mandato cívico, entre ellos los comerciantes y trabajadores de los grupos sociales y marginados del gran capital cruceño, sobre todo de los mercados populares.
La Federación de Mujeres Campesinas Juana Azurduy de Padilla expresó su vehemente protesta por la agresión a una gran parte de sus afiliadas, que cada día comercian y trabajan para sostener a sus familias.
Desde tempranas horas de este domingo, la dirigencia sindical visitó los puestos de trabajo o ventas, como los llaman a tarimas y carritos artesanales, de sus afiliados para constatar el estado económico en el que quedaron con el paro “forzado”.
“Como madres y mujeres nos duele mucho lo sucedido”, dijo una de las representantes. “Fue un doloroso sufrimiento que duró más de un mes. Nos quedamos sin trabajo, sin ventas, sin comida y sin cumplir los pagos de los créditos a los bancos”, añadió.
Otra reclamó: “pedimos justicia, que Camacho (el gobernador) pague por los muertos, por los heridos y por nuestras pérdidas”. “Con nosotras (las comerciantes) y nuestros hijos han hecho lo que han querido. Los ministerios tienen que hacer justicia”.
El Plan 3.000 fue un objetivo claro de los grupos violentos de la Unión Juvenil Cruceñista, el brazo armado del Comité Cívico, para bloquear su actividad laboral en señal de un dominio territorial habitada, en su mayoría, de personas llegadas desde diferentes departamentos.
La dirigente de la Asociación de Comerciantes Gremiales del Plan 3.000, Jimena Orellana, denunció que su sector resistió los ataques y saqueos de los “unionistas”, que actuaron en compañía de pandillas y bandas juveniles.
“Ahora nos toca. Exigiremos que las autoridades actúen en defensa de nuestros derechos vulnerados en el paro y bloqueos, vulneraron nuestros derechos como mujeres y madres trabajadoras”, expresó.
El domingo fue de intensa actividad en los mercados populares de la ciudad y en las calles donde centenares de gremiales abastecen de diferentes alimentos y otros productos a sus ocasionales clientes.
“Tenemos que recuperarnos”, afirmó la dirigente gremial que visitaba a sus afiliadas de las “ventas del Plan 3.000”, lugar que sus habitantes repelaron ataques vandálicos de los “unionistas”.
Fuente: ABI