La Paz, 5 de diciembre de 2022 (ATB Digital). – Un tribunal de La Paz rechazó este lunes el amparo constitucional presentado por la expresidenta transitoria Jeanine Áñez; con ese veredicto, se ratifica que será juzgada por la vía ordinaria en el caso denominado EBA.
“Con este amparo se buscaba que la exmandataria sea juzgada por juicio de responsabilidades, sin embargo, la sala constitucional ha determinado que no existían elementos probatorios de que hubiera asumido la presidencia del Estado y se ha declarado improcedente esta acción”, explicó el abogado Luis Guillén.
La defensa de la expresidenta, ahora, analiza la presentación de una denuncia en el ámbito internacional, en el entendido que en Bolivia ya se agotaron las instancias legales correspondientes y ya no queda nada por hacer en el ámbito judicial.
“Ahora, estamos esperando todos los antecedentes, incluyendo la resolución de esta jornada, y luego se presentará la denuncia internacional ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”, anunció Guillén.
A través de este recurso, se buscaba dejar sin efecto la resolución, emitida en octubre, que establece que Áñez debe ser procesada por la vía ordinaria, por la presunta designación irregular de la responsable de la Empresa Boliviana de Alimentos (EBA).
La Justicia asumió esa determinación debido a que Áñez “no acreditó de manera documentada” que en 2019, tras la renuncia del presidente Evo Morales, “hubiera adquirido la investidura presidencial siguiendo los rituales constitucionales previstos”.
En ese marco, justificó que “la asunción de facto deslegitima las prerrogativas para ser sometida a juicio de responsabilidades” y que los juicios de privilegio solo corresponden para los “funcionarios que asumen el cargo de forma constitucional”, en el marco de la Ley 044.
PROCESO
En mayo de 2020, Áñez, en su condición de presidenta transitoria, designó a Karina Leiva Áñez como gerente de EBA.
El año pasado, la Fiscalía y el Viceministerio de Transparencia Institucional impulsaron un proceso en su contra, pues denunciaron que esa posesión fue irregular debido a que Leiva Áñez no cumplía con los requisitos para asumir el cargo.
En consecuencia, el Ministerio Público imputó a la exmandataria por los delitos de nombramientos ilegales, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes, anticipación o prolongación de funciones, y complicidad.
En el marco de este caso, el viernes también se desarrolló una audiencia de medidas cautelares, sin embargo, fue diferida para el 6 de enero, luego que la defensa de Áñez presentó un recurso de “actividad procesal defectuosa” que fue rechazado por un juzgado.
“Esto implica que la imputación sigue vigente y se ha dispuesto la audiencia para el 6 de enero, a las 10.00 (…). El Ministerio Público ha formalizado la solicitud de detención preventiva en el presente caso”, explicó el fiscal Franklin Alborta.
De manera paralela, Áñez también es juzgada por los casos Golpe de Estado I y II.
En este último proceso, que también se sustanció por la vía ordinaria, fue condenada en primera instancia a 10 años de cárcel, en junio de este año.
DEMANDA
En estos tres procesos, la exmandataria no logró ser sometida a juicio de responsabilidades, pese a que en el caso EBA, en abril de este año, la Sala Penal Cuarta de La Paz determinó que corresponde un juicio de privilegio, lo que requiere la aprobación de dos tercios de la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Sin embargo, cuatro meses después, la Sala Constitucional de La Paz dejó sin efecto esa determinación.
La expresidenta está recluida en la cárcel de Miraflores de La Paz, donde también aguarda el juicio por el caso denominado Golpe de Estado I, en el que fue denunciada por el delito de terrorismo.
Ese proceso tiene que ver con los hechos que derivaron en su proclamación como presidenta, el 12 de noviembre de 2019, tras la renuncia de Morales, durante los conflictos sociales y políticos derivados de un presunto fraude en los comicios generales de ese año.
Según la investigación de la Fiscalía, Áñez llegó al poder tras reuniones extralegislativas de políticos y cívicos opositores, representantes diplomáticos y de la Iglesia Católica.
Primero, se proclamó como presidenta del Senado, sin el respectivo quórum, y luego como mandataria del Estado.
Morales dimitió asfixiado por las protestas cívicas, un motín policial y la presión de las Fuerzas Armadas.
Fuente: La Razón