La Paz, 9 de diciembre de 2022 (ATB Digital).- El Gobierno boliviano presentó la ampliación de la denuncia del juicio ordinario por las mascares ocurridas en Sacaba y Senkata en noviembre de 2019, contra la expresidenta Jeanine Añez y todo su gabinete ministerial.
“Se presentó la ampliación de la denuncia del juicio ordinario del caso Senkata, contra la señora Jeanine Áñez y su gabinete. Ha decidido la justicia que corresponde a la justicia ordinaria y no un juicio de responsabilidades la tramitación de esa causa”, reveló el viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, César Siles.
La denuncia sería por los delitos de genocidio, lesiones graves, lesiones leves, resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado e incumplimiento de deberes.
La posibilidad de que Añez pueda ser juzgada por la vía ordinaria y no así en juicio de responsabilidades, al ser ex presidenta, se da a raíz del fallo emitido por la Sala Constitucional Primera de La Paz dentro del llamado ‘caso EBA’, en el que ratificó que Añez no puede acreditar que, efectivamente, haya sido Presidenta Constitucional del Estado.
El fallo fue remitido al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para su revisión; sin embargo, el Gobierno espera que el Ministerio Público se pronuncie de forma inmediata para el trámite respectivo del proceso en contra de la exmandataria en la vía ordinaria.
Siles, según reportes de prensa, explicó que las normas vigentes establecen que la aplicación de la primera determinación en el caso de amparos constitucionales es inmediata, por lo que se solicitó la ampliación de la denuncia contra Añez en el caso Sacaba y Senkata en la vía ordinaria, mientras se espera el fallo del TCP.
Justicia anuncia política de reparación integral para graves violaciones de derechos humanos
Este viernes, el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, a través del Viceministerio de Justicia y Derechos Fundamentales, junto a la Vicepresidencia el Estado Plurinacional de Bolivia, organizó el acto central en conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, con la participación de representantes de las víctimas de gobiernos inconstitucionales, defensores de derechos humanos, comunidad internacional y población en general.
Durante el evento, el viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, César Siles, anunció que la política de Reparación Integral para graves Violaciones de Derechos Humanos, que tiene el fin de garantizar la reparación integral, cuenta con el consenso de los sectores involucrados.
“Tenemos un documento base, un documento consensuado que es la Política de Reparación Integral para graves violaciones de Derechos Humanos; una ley, un decreto, una acción concreta sin una política no tiene un rumbo para seguir, por eso es importante su aprobación y aplicación”, sostuvo.
La Política estará orientada a reparar integralmente el daño causado a las víctimas de las graves vulneraciones de derechos humanos cometidas durante los periodos inconstitucionales comprendidos entre 1964 y 1982, y entre 2019 y 2020. La reparación integral, “no es únicamente el apoyo económico, implica políticas, por eso es importante su validación”, dijo.
La autoridad explicó que la Política trazará una ruta de la cual nacerán leyes, decretos supremos y otras acciones concretas, herramientas e instrumentos que encaminarán a la reparación integral.
En ese sentido, el Viceministro informó que hace una semana se logró la validación de la Política por parte de todas las organizaciones de víctimas de derechos humanos de los periodos mencionados.
Como parte de la reparación integral para las víctimas de la violencia política cometida entre 1964 y 1982, en julio de este año se promulgó la Ley 1446 para el resarcimiento excepcional; y en septiembre, la Ley 1463 que declara cada 17 de julio como el “Día Nacional de la Memoria”, además de otras disposiciones.
También se cuenta con el decreto supremo 4816 del 26 de octubre de 2022, que tiene por objetivo crear una instancia de seguimiento interinstitucional de derechos humanos para hacer seguimiento a las recomendaciones de organismos internacionales, con carácter vinculante.
“Este mecanismo también servirá para hacer seguimiento a las investigaciones por desapariciones forzadas; es una deuda histórica con los familiares de quienes han desaparecido como consecuencia de las dictaduras y la defensa por la democracia”, subrayó.
Respecto al resarcimiento integral para las víctimas de las masacres y graves vulneraciones a los derechos humanos cometidas a fines del año 2019, se hizo realidad la llegada del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), instancia que confirmó las vulneraciones.
En ese caso, se procedió al resarcimiento económico a familiares de los fallecidos, la cancelación de gastos médicos a las personas heridas, becas de estudio, inserción laboral, bonos alimenticios y otras acciones.
Además de los decretos supremos 4639 y 4729 para el fideicomiso y crédito con interés prácticamente cero, al que pueden acceder las víctimas, sus familiares, perseguidos políticos, detenidos y torturados, de ese periodo. “Seguramente a partir del próximo mes ya se podrá acceder a esos créditos”, anunció.
Se tiene pendiente, añadió, proceder a la construcción de las casas de la memoria y otras acciones que permitirán mantener viva la memoria colectiva en relación a las graves vulneraciones de los derechos humanos para la no repetición. Además de justicia por las masacres, ejecuciones sumarias, torturas, persecuciones y detenciones ilegales registradas.
Fuente: Oxigeno Digital