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El secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, fue el encargado de comunicar la decisión que fue asumida luego de una reunión con el presidente Luis Arce, en Casa Grande del Pueblo.
«Hoy todas las organizaciones sociales coincidimos en declararnos en estado de emergencia por todo lo que está ocurriendo, reitero, en el departamento de Santa Cruz, pero también al mismo tiempo es importante hacer conocer a la población el informe que ha brindado el Ministro de Gobierno que ha detallado todo lo que ha ido aconteciendo, por qué se lo ha detenido al gobernador de Santa Cruz y no es así como se ha hecho ver en algunos medios de comunicación, que hubiera secuestro, violación a los derechos humanos y otro tipo de situaciones que se han ido tergiversando por medios de comunicación y redes sociales», dijo Huarachi en conferencia de prensa.
El presidente Luis Arce agradeció la madurez ideológica y política de los dirigentes presentes, ratificó que existe un solo proceso de cambio y aseguró que se está en una «franca unidad en este momento de coyuntura política que está atravesando el país».
Huarachi también comunicó que la COB y el Pacto de Unidad se declararon en estado de emergencia «ante cualquier intento de desestabilización a nuestro gobierno, ante cualquier intento de un golpe de Estado como se ha perpetrado en 2019. Las organizaciones sociales nos estamos declarando en estado de emergencia en movilización permanente en los nueve departamentos».
El principal dirigente de la COB anunció que el lunes 9 de enero se emitirán los respectivos instructivos para «de manera orgánica hacer concentraciones y movilizaciones en los nueve departamentos».
«Llamamos a la reflexión y no llegar a la confrontación, más al contrario, llamamos a la paz y que los bolivianos no nos enfrentemos», indicó Huarachi.
El vandalismo y la violencia se apoderó de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra el 28 de diciembre, luego de la aprehensión del gobernador Luis Fernando Camacho por orden fiscal por el caso golpe de Estado I, en el que se lo acusa de terrorismo. Desde el 30 de ese mes la autoridad cruceña cumple detención preventiva en el penal de Chonchocoro de La Paz por cuatro meses.
Desde el 28 de diciembre hasta el 5 de enero, el gobierno reportó 27 infraestructuras dañadas por grupos vandálicos asociados a la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) y por afines a Camacho. Más de 44 vehículos fueron quemados.
El jueves, el fiscal departamental de Santa Cruz, Roger Mariaca, estimó que la afectación económica por la quema y saqueo del edificio de la Fiscalía Departamental asciende a más de Bs 37 millones.
Y, hoy, el ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, informó que los bloqueos promovidos por el presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, en respaldo a Camacho, provocaron hasta la fecha un daño económico de más de Bs 28 millones a las estatales Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) y a Vías Bolivia.
(Ahora El Pueblo)