La Paz, 4 feb 2023 (ATB Digital). – Digitalización, verificación patrimonial cruzada, seguimiento a proceso penales, inclusión en el sistema educativo e involucrar a la sociedad están entre los ejes centrales de la nueva política de lucha contra la corrupción que apunta a “lograr resultados de impacto” que serán medible y comparables para la toma de decisiones.
A través del decreto 4872, fue aprobada la nueva política denominada “Hacia una gestión pública digitalizada y transparente” que se apoya en los pilares de Digitalización de la información e interoperabilidad; articulación con la sociedad civil organizada; formación en valores de ética y transparencia; y acceso a la información de forma colaborativa.
El Consejo Nacional de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito y Legitimación de Ganancias Ilícitas fue el encargado de aprobar el Plan Nacional de Lucha Contra la Corrupción.
En el Día Nacional de la Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, que se conmemora el 8 de febrero, mediante decreto 0785, el presidente Luis Arce aseguró que la lucha contra la corrupción es un pilar de su gobierno y que no permitirá ningún acto de este tipo.
La nueva política, en lo que hace a la digitalización de la información e interoperabilidad establece poner en marcha en el sector público y privado el Sistema de Gestión de Riesgos para “una base uniforme de registro de posibles desviaciones, alertas tempranas e identificación de efectos adversos de la gestión pública y la ejecución de medidas correctivas en forma oportuna”.
Además, prevé la incorporación de un sistema de denuncias en línea, verificación cruzada de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas de los funcionarios públicos y seguimiento de los procesos por corrupción y legitimación de ganancias ilícitas, bajo el “principio y garantía de confidencialidad del proceso y todas sus actuaciones emergentes”.
Mientras que en el eje de articulación con la sociedad civil organizada define un control social efectivo con la participación de los beneficiarios de las obras, bienes y servicios públicos; crear un observatorio ciudadano de transparencia para, a través de encuestas de opinión, valorar los resultados de las políticas aplicadas, su accesibilidad y sus resultados.
Involucra al sector privado, para promover en las empresas “mecanismos de prevención, alerta temprana y denuncia oportuna por posibles hechos de corrupción en los procesos de contratación estatales o de otros ámbitos relacionados”.
En el eje de formación en valores de ética y transparencia se define incorporar valores de ética y transparencia en la currícula educativa y alentar “de forma colectiva un Compromiso de Ética a partir de valores individuales de los servidores públicos articulados a la misión y visión institucionales”.
En el eje de acceso a la información de forma, se determinó desarrollar un sistema de rendición pública de cuentas parametrizado y uniforme; estandarización de la información publicada por las entidades públicas en portales Web y redes sociales institucionalizadas; y publicar datos “estadísticos de relevancia en un enlace específico asociado a los portales Web institucionales, que cuenten con datos base y de evolución, mensual y anual, que permita efectuar estudios comparativos y evolutivos”.
La vigencia y resultados de la nueva política serán evaluados anualmente bajo una “metodología de valoración sobre el cumplimiento de las líneas de acción y componentes se aplicará a través del estudio de los datos estadísticos, la información pública, las acciones realizadas y su impacto en la sociedad a través de un sistema nacional de evaluación de las acciones que se ejecuten”.
Fuente: ABI