La Paz, 23 feb 2023 (ATB Digital).- El vocero Presidencial, Jorge Richter, alertó este jueves que el Comité pro Santa Cruz exige amnistía para generar una amplia impunidad para quienes son procesados por graves delitos que se cometieron en 2019, y que admiten que se ejecutaron en ese año.
“La amnistía que ahora le llaman en realidad es impunidad y ayer (miércoles) lo han reconocido, es impunidad por los hechos sucedidos a partir de octubre del 2019 (…) eso quieren, que se tenga una amnistía amplia, (…) y lo hemos dicho desde siempre, es una impunidad amplia, que todo aquello que realizaron con muertes, con encarcelamientos, incluidos con violentaciones de los derechos de nuestros hermanos y hermanas bolivianas quede absolutamente sin juzgar, como si no hubiese sucedido nada en nuestro país”, dijo en contacto con los periodistas.
Ayer, el cívico cruceño Rómulo Calvo conminó al presidente Luis Arce a en las próximas 72 horas emitir un decreto con una amnistía a favor de más de 180 supuestos ‘presos políticos’, caso contrario amenazó con activar un proceso revocatorio de su mandato constitucional de más del 55,11% de la población boliviana.
Entre los presuntos perseguidos figuran la expresidenta de facto Jeanine Añez y el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, ambos encarcelados e imputados por el caso Golpe de Estado I. También se les sigue procesos por las masacres de Sacaba y Senkata, iniciados por las familias de las víctimas de los hechos que dejaron un saldo de 38 muertes, centenares de heridos, miles de detenidos ilegalmente y torturados.
En ese contexto, el Vocero Presidencial afirmó que la conminatoria de los cívicos de revocatorio al mandato del Presidente carece de criterio porque, “como dice la Constitución Política del Estado, este proceso tiene su propia dinámica y lógica, enmarcada en el artículo 242, numeral 5, donde establece primero que se debe fundamentar las razones y el por qué de este pedido.
“El revocatorio es una instancia constitucional, si tuviéramos que llegar a aquello, por supuesto que lo enfrentamos, no hay un inconveniente con aquello, es un recurso constitucional, pero para llegar a ese recurso constitucional, pues hay que fundamentarlos y después hay que aprobarlo en la Asamblea Legislativa”, recordó.
Asimismo, reprochó que Calvo relacione un supuesto malestar de la economía del país con el inicio de procesos contra los promotores de graves vulneraciones a los derechos humanos de los bolivianos, cuando los indicadores internaciones ubican a Bolivia como una de las mejores economías a nivel mundial.
“Eso no es posible, pero asociar aquello, que es la petición, la amenaza de un posible revocatorio al tema económico del país verdaderamente eso deja mucho que desear porque no es un esfuerzo intelectual muy grande, no tiene vinculación ni relación”, señaló.
Fuente: Ahora El Pueblo