La Paz, 3 abril 2023 (ATB Digital).- En un plazo de seis meses, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) entregará a Bolivia el informe final sobre la situación de los derechos humanos en el país, a propósito de la visita in loco que cumplió la pasada semana la delegación internacional.
El documento contemplará observaciones y recomendaciones, que el Gobierno cumplirá en el marco del mandato de la Constitución Política del Estado, informó este lunes el viceministro de Justicia, César Siles.
En el último día de su estadía en el país, el viernes, en conferencia de prensa presentaron las observaciones preliminares de la visita in loco a Bolivia, que fundamentalmente serán desarrollados de forma más amplia, en su informe final, en ocho puntos fundamentales, de acuerdo con Siles.
“Nos dijeron que este es un informe preliminar, lo han publicado en su página como Observaciones Preliminares de la Visita In Loco a Bolivia y de acá a cinco o seis meses ya se va plasmar en un informe país, el cual va generar observaciones y recomendaciones que —ya lo dijimos en varias oportunidades — el Estado boliviano debe cumplir porque es parte de la CIDH, del pacto de San José de Costa Rica y porque está obligado a hacerlo por su propia Constitución”, dijo en entrevista con Bolivia Tv.
La delegación internacional cumplió una intensa agenda del 27 al 31 de marzo en La Paz, Santa Cruz, Cochabamba y Sucre para observar la situación de derechos humanos en el país. En la oportunidad la comisión valoró la apertura del Estado a la observación y agradeció la invitación del Gobierno para realizar la visita.
El viceministro detalló que, en el documento conclusivo, la CIDH hablará del marco constitucional e inclusión social —de la que destacaron la nueva Constitución Política del Estado y las políticas de inclusión social—; también contemplarán derechos económicos, sociales, culturales y ambientales —al que hicieron algunas observaciones fundamentalmente en el tema del agua—; discriminación estructural histórica; la libertad de expresión; la falta de acceso a la justicia; efectiva independencia judicial; presupuesto precario; y respecto a las personas privadas de libertad.
En ese contexto, aseguró que el Gobierno asumirá similares determinaciones a las que inició por las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI); del relator especial de las Naciones Unidas Diego García-Sayán y de todos los organismos internacionales, porque son de cumplimiento obligatorio, vinculantes, así lo manda el artículo 410 de la carta magna de Bolivia, en concordancia con el artículo 256, “en ese marco serán cumplidos”, enfatizó.
Recordó que, en octubre de 2022, se creó una institucionalidad, a través de un decreto supremo, entre la Procuraduría General del Estado, los ministerios de Justicia y de Relaciones Exteriores para el seguimiento, la priorización y cumplimiento de las recomendaciones emitidas por los organismos.
Fuente: Ahora El Pueblo