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Gremialistas del Plan 3.000 exigen justicia por las agresiones que se promovieron durante los 36 días de paro cívico

Gremialistas del Plan 3.000 exigen justicia por las agresiones que se promovieron durante los 36 días de paro cívico

Santa Cruz, 10 abr 2023 (ATB Digital).- Los gremialistas del Plan 3.000 exigen que los promotores del paro respondan por las acciones violentas que promovieron durante el paro cívico de 36 días en Santa Cruz.

“La pretensión de los días de paro de 36 días fue clara, tumbar a un Gobierno electo democráticamente, sin importar las consecuencias, el dolor de la población cruceña. No les ha importado vulnerar el derecho de las familias humildes”, aseveró el dirigente del sector de gremialista del Plan 3.000, Peniel Torrez.

Esta medida de protesta fue impulsada por Luis Fernando Camacho, Rómulo Calvo, el rector Vicente Cuellar, el vicerrector Reinerio Vargas, y el asesor legal del Comité Interinstitucional, José Luis Santistevan.

Calvo, Cuellar, y Vargas fueron citados recientemente por la Fiscalía para que declaren el próximo 13 de abril, en ese caso abierto por la violencia que se desencadenó durante los 36 días de paro, donde los puntos de bloqueo se convirtieron en escenarios donde predominó el consumo de bebidas alcohólicas y cobros ilegales.

El Plan 3.000 fue un objetivo claro de los grupos violentos de la Unión Juvenil Cruceñista, el brazo armado del Comité Cívico, para bloquear su actividad laboral en señal de un dominio territorial habitada, en su mayoría, de personas llegadas desde diferentes departamentos.

“Hemos tenido pérdidas cuantiosas en el sector gremial, han venido grupos armados, grupos radicales pagados de bandas que han hecho desmanes en la ciudadela, a la propiedad privada (…) estos hechos no pueden quedar impunidad, nosotros exigimos que se actúe con todo el peso de la Ley”, insistió el dirigente gremial.

El paro cívico de 36 días

Entre el 22 de octubre y el 26 de noviembre de 2022 se impuso un paro de 36 días en la capital cruceña. Medida extrema que fue caracterizada por la violencia, el racismo y discriminación que impusieron grupos radicales a la población que se oponía a la medida.

Ahora los promotores del paro cívico enfrentan una investigación de más de 10 delitos presuntamente cometidos durante la medida extrema que utilizaba como bandera el tema del Censo.

(ABI)

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