La Paz, 21 abr 2023 (ATB Digital).- La audiencia dio inicio la tarde de este jueves. En este caso, Áñez está imputada por los presuntos delitos de genocidio, homicidio y lesiones graves y leves dentro de las investigaciones por la masacre de Senkata ocurrida durante su Gobierno, en noviembre de 2019.
La expresidenta Jeanine Áñez despidió a sus abogados en plena audiencia cautelar por el caso Senkata y, por eso, el proceso se postergó hasta el próximo 5 de mayo.
La audiencia dio inicio la tarde de este jueves. En este caso, Áñez está imputada por los presuntos delitos de genocidio, homicidio y lesiones graves y leves dentro de las investigaciones por la masacre de Senkata ocurrida durante su Gobierno, en noviembre de 2019.
Así, cuando le tocó tomar la palabra, Áñez reiteró que en su calidad de expresidenta le corresponde ser sometida a un juicio de responsabilidades y no ser juzgada por un proceso en la vía ordinaria.
Además, acusó al juez primero en lo penal de El Alto que lleva su causa, Marco Amaru, de ser un “prevaricador consciente”.
“No me voy a prestar a esta patraña y me retiro, porque no reconozco a usted señor Amaru, porque es un prevaricador consciente (…) El régimen masista podrá seguir inventando procesos y falsificando los hechos. Podrán seguir dictando detenciones preventivas, como condenas también ilegales, pero usted sabe que todo lo que está haciendo es prevaricato de su parte y abuso contra una persona inocente, a la que le están negando el debido proceso y todos sus derechos humanos”, señaló Áñez.
Acto seguido, Áñez prescindió del servicio de sus abogados, por lo que el juez Amaru dispuso otorgar un plazo de 10 días para que la imputada consiga un abogado de defensa pública u otro profesional que la defienda.
En su imputación formal, la Fiscalía pide seis meses de detención preventiva para Áñez, quien ya se encuentra detenida en el penal de Miraflores por otros casos.
En criterio del Ministerio Público, Áñez es responsable puesto que durante su Gobierno emitió el, así llamado, “decreto de la muerte” que habilitaba y eximía de responsabilidad penal a las Fuerzas Armadas por su accionar en operativos de orden público. Con la norma vigente, el 19 de noviembre, al menos una decena de personas fallecieron en Senkata tras operativos policiales- militares.
La semana pasada, Áñez rechazó declarar ante la Fiscalía por este caso al considerar que el Ministerio Público no tiene competencia para juzgarla y, en su calidad de expresidenta, debería someterse a un juicio de responsabilidades.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), formado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), estableció que hubo “masacres” en Sacaba y Senkata, donde en noviembre de 2019 al menos una veintena de personas murieron durante una intervención militar ejecutada con base en un decreto emito por el entonces gobierno de Áñez.
(Opinión)