La Paz, 20 jun 2023 (ATB Digital).- La Gestora Pública de Seguridad Social de Largo Plazo ratificó este martes que su funcionamiento es “completamente legal” y rechazó las declaraciones del rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), Vicente Cuellar.
“La Gestora puntualiza que su funcionamiento es completamente legal y que se apega a la versión actualizada de la Ley 065, que dispone que ‘el Gerente General ejercerá la representación institucional y legal siendo la Máxima Autoridad Ejecutiva’”, señaló la entidad pública mediante un comunicado.
La estatal rechazó las apreciaciones del rector de la UAGRAM sobre su funcionamiento, publicadas por el diario Página Siete en su edición digital del lunes 19 de junio y en su edición impresa del martes 20.
“En este momento, la Gestora está funcionando de manera ilegal, porque la Ley 065 establece con precisión que al ser una empresa pública estratégica debe ser manejada por un directorio, debe existir una Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE), que es el presidente y sus cuatro directores. Sin embargo, en este momento, la Gestora está funcionando sin un directorio”, dijo esa autoridad académica.
La Ley 065 dispone en el artículo 153 que: “La Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo contará con un Gerente General quien ejercerá la representación institucional y legal siendo la Máxima Autoridad Ejecutiva”. La versión actualizada de la norma puede ser consultada en el enlace http://www.silep.gob.bo/norma/4493/ley_actualizada.
“Ese artículo de la norma establece con claridad la naturaleza de la MAE, por lo que el rector cruceño se equivoca al insinuar que la empresa estaría trabajando sin una MAE legalmente constituida”, aseveró la Gestora Pública.
Con relación al Directorio, la Gestora recordó que la Ley 065 establece las características y formas de elección de dicho cuerpo colegiado, aspecto que no es competencia directa de la empresa. Sin embargo, aclaró que en tanto se elija a los directores, no existe obstáculo para el normal funcionamiento de la empresa.
Fuente: La Razón