GIEI asegura que las FFAA y la Policía no tienen legitimidad para dar recomendaciones
La Paz, 08 de julio de 2023 (ATB Digital). – Las Fuerzas Armadas y la Policía no deben hacer sugerencias de orden político a gobernantes, sobre todo “en tema tan delicado como la renuncia”, porque no solo no tienen legitimidad sino que “contribuyen a debilitar el respeto a la norma constitucional”, afirmó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que investigó la crisis social y política de 2019.
La comisión, conformada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se refiere al comandante de las Fuerzas Armadas, Williams Kaliman, y al comandante general de la Policía Yuri Calderón, quienes el 10 de noviembre de 2019, en medio de una prolongada protesta social, sugirieron a Evo Morales renunciar a la presidencia.
“Ante la escalada de conflicto que atraviesa el país, velando por la vida, la seguridad de la población, la garantía del imperio de la Constitución Política del Estado, en conformidad con el artículo 20 de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, y luego de analizar la situación conflictiva interna, sugerimos al presidente del Estado que renuncie a su mandato presidencial, permitiendo la pacificación y el mantenimiento de la estabilidad por el bien de nuestra Bolivia”, ese fue parte del mensaje de Kaliman la tarde del 10 de noviembre de 2019, rodeado por militares vestidos con uniforme de campaña.
Similar camino tomó el comandante general de la Policía Yuri Calderón: “Nos sumamos al pedido del pueblo boliviano de sugerir al señor presidente Evo Morales presente su renuncia para pacificar al pueblo de Bolivia en estos duros momentos que atraviesa nuestra nación”.
El GIEI establece en la página 293 de su informe, que los comandantes de la Policía y de las Fuerzas Armadas, “más allá de no tener legitimidad” para hacer sugerencias o recomendaciones de índole política a gobernantes, “contribuyen a debilitar el respeto a la norma constitucional que define al poder civil como superior a las corporaciones que esos jefes lideran”.
Si bien el GIEI aclara que su mandato no “comprende evaluaciones sobre la existencia o no de un fraude electoral (en 2019) ni sobre la ocurrencia o no de un golpe de Estado” ni “indicar el rol y la importancia” de las declaraciones de los comandantes “para el desenlace de la renuncia” de Morales, destaca “que las fuerzas militares y policiales tienen, en cualquier país, responsabilidades democráticas del más alto nivel”.
“La circunstancia de que esas instituciones ejercen directamente el monopolio del uso de la fuerza en nombre del Estado y de la sociedad, o sea, que han recibido la atribución exclusiva de practicar actos violentos en defensa del orden y de la legalidad, hace estrictamente necesario que se subordinen y sean controladas por el poder civil”, considera la misión internacional.
Asimismo, indicó que “debe entenderse que debido al potencial desestabilizador de las fuerzas militares y policiales, justamente por ser las únicas armadas y también por las amargas memorias sobre su actuación en el continente, sus regímenes jurídicos las distancian por completo de actos de naturaleza política y, sobre todo, de posturas que confronten o protejan personalmente a mandatarios civiles o a figuras de oposición”.
“La capacidad de actuación armada de esas instituciones demuestra que la diferencia entre una sugerencia y un ultimátum puede no ser más que una cuestión semántica. Al respecto, la Carta Democrática Interamericana fija como componente fundamental para la democracia ‘la subordinación constitucional de todas las instituciones del Estado a la autoridad civil legalmente constituida y el respeto al estado de derecho de todas las entidades y sectores de la sociedad’”, agrega el escrito del GIEI.
Días antes de la aparición pública de los comandantes, el 8 de noviembre de 2019, se inició un motín policial en Cochabamba y en 24 horas se extendió a todo el país. Además de demandas propias de su entidad, como tener un trato como el de las Fuerzas Armadas, los agentes policiales exigían la renuncia de Morales.
Al respecto el GIE señala: “Los acontecimientos de la crisis de 2019 refuerzan, de algún modo, la perspectiva de que la Policía actúa bajo la influencia de objetivos políticos”.
“El motín policial que se inició el 8 de noviembre en Cochabamba, y que luego se extendió a todos los departamentos del país fue, sin duda, un factor relevante, tanto porque ocurrió justo cuando la espiral de violencia se ampliaba, lo que dejó desprotegida a la sociedad durante los graves sucesos de la crisis, como porque en la lista de reivindicaciones incluyó la renuncia del presidente Evo Morales Ayma. Además, el amotinamiento llevó a que se identificara a la institución policial como un factor que contribuyó a la inestabilidad de la democracia”, apunta.
El portavoz presidencial Jorge Richter recordó hace unos días que el excívico y encarcelado gobernador Luis Fernando Camacho, “cuando ya triunfa el golpe de Estado”, en un cabildo en Santa Cruz, agradece a la Policía y a las Fuerzas Armadas “por la colaboración (brindada) en todo momento”, porque no solo los protegieron con custodios, sino que también los “disfrazaron y los vistieron de militares para que puedan circular por las calles”.
El propio Camacho confesó el 21 de septiembre de 2020, en medio de la campaña presidencial, que la Policía y las Fuerzas Armadas los ayudaron a él y al excívico potosino Marco Antonio Pumari a movilizarse en La Paz antes y después de que la segunda vicepresidenta del Senado, Jeanine Áñez, se autoproclamara presidenta del Senado y luego del país el 12 de noviembre de 2019.
“Esa fotografía (donde aparece con uniforme de policía) fue en la ciudad de La Paz cuando nos movíamos de un lugar al otro para sostener las reuniones que sosteníamos con los diferentes sectores, había mucha horda masista y andaban, obviamente, en busca de nosotros (se refiere a Marco Pumari)”, comentó.
“La Policía, gracias a Dios, nos ayudó. Esos son uniformes de la UTOP (Unidad Táctica de Operaciones Policiales), nos vestíamos con sus uniformes, nos prestaban las gafas, nos vestían de policías para poder pasar y pasábamos caminando en medio de la turba”, relató Camacho en el programa No Mentirás de PAT.
Dijo que esa técnica se aplicó en una “primera etapa”, pero ya “en una segunda etapa, nos ayudaron bastante los militares, también nos disfrazamos de militares”.
“Nos ayudaron bastante”, confesó Camacho, que en la crisis de 2019 presidia el Comité Pro Santa Cruz, instancia cruceña que encabezó y articuló las violentas protestas en Santa Cruz y el resto de Bolivia.
El 27 de diciembre de 2019, cuando un grupo de personas le obsequió un mural en Santa Cruz, Camacho reveló que su padre “cerró” con los policías y militares acuerdos para que le quiten el respaldo institucional a Morales, lo que aceleró su caída. Además, anunció la publicación de un libro donde pondrá con “nombre y apellido quién fue el general que se movió en las Fuerzas Armadas”.
“Vamos a tener que hacerle un monumento al de la UTOP que murió (Heybert Yamil Antelo), que fue quien me hizo ingresar a Palacio. Con él coordinábamos todo; era un tipo increíble”, aseguró Camacho, quien guarda detención preventiva en la cárcel paceña de Chonchocoro desde diciembre de 2022 por el caso Golpe de Estado.
El debate volvió a la agenda pública, luego que el jefe de bancada del MAS Andrés Flores dijera que Morales instruyó pedir su dimisión en 2019, lo que fue negado por el propio expresidente y el exvicepresidente Álvaro García. La oposición tomó las palabras de Flores e interpretó que hubo un “autogolpe”.
La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, afirmó el 6 de julio que los pedidos de renuncia de las Fuerzas Armadas y de la Policía al expresidente Morales, la autoproclamación presidencial de Jeanine Áñez y la imposición de la banda presidencial por un militar marcan el golpe de Estado que vivió Bolivia en 2019 y que debemos tener presente para “cuidar nuestra democracia”.
A días de imponer su gobierno de facto, se dan las masacres de Sacaba y Senkata. Militares y policías intervienen protestas sociales que acaban con más de una veintena de muertos y decenas de heridos de bala.
Prada consideró que no es lo mismo que un dirigente pida la renuncia de un presidente a que lo hagan mandos militares o policiales, pero, además, recordó que policías se unieron a los grupos paraestatales que perseguían a sectores sociales y gente identificada con el MAS.
Fuente: Abi