La Paz, 2 de oct 2023 (ATB Digital).- El ministro de Justicia, Iván Lima, explicó que el Ministerio Público tiene que cumplir con los plazos que señala el Código de Procedimiento Penal y la acusación debería presentarse en octubre, a casi cuatro años del golpe de Estado.
El Ministerio Publicó determinó la ampliación del proceso penal contra Añez por los delitos de genocidio, homicidio y lesiones graves vinculados a la masacre de Senkata, El Alto, que dejó a 10 personas fallecidas por impactos de bala el 19 de noviembre de 2019.
Las muertes ocurrieron en el marco del desarrollo de una operación combinada militar y policial autorizada por la presidenta inconstitucional y su primer gabinete.
Añez y sus ministros firmaron el Decreto Supremo 4078, que eximió de eventuales juicios penales las acciones de los efectivos militares, que luego de los operativos y sucesivas masacres en los departamentos de La Paz y Cochabamba fue abrogado.
La comisión de fiscales que pidió la ampliación del proceso estableció que el 19 de noviembre de 2019 fuerzas de seguridad del Estado ejecutaron el Plan Sebastián Pagador, que consistía en tomar control de la planta estatal de engarrafado de gas licuado y almacenamiento de carburantes ubicada en el barrio de Senkata.
Las fuerzas de seguridad del Estado, que habían desplegado vehículos de combate, despacharon sin oposición ciudadana cisternas con combustible que llegaron “a su destino final sin novedad”.
“Sin embargo, posterior a la salida del convoy de cisternas, grupos de personas provistas de palos, piedras y petardos agudizaron sus protestas en inmediaciones de la planta, hecho que generó la caída de muros perimetrales colindantes con la carretera La Paz-Oruro”, señala el informe oficial.
A raíz de esos hechos, agrega el Ministerio Público, se generó la violenta represión de las fuerzas combinadas contra la población civil desarmada.
“Se registró un saldo de 31 personas heridas cuyas lesiones son compatibles con proyectil de arma de fuego y lesiones por elemento confuso perforante, así como 10 personas fallecidas a causa de impacto por proyectil de arma de fuego”.
Los peritos forenses establecieron que dos personas fallecieron por arma calibre 9 mm, un fallecido por calibre 5,56 y dos por calibre 22.
“Los restantes cadáveres presentaban orificios de entrada y de salida”.
Las muertes ocurrieron, según la comisión de fiscales, “en absoluta violación y desprecio de los estándares internacionales sobre derechos humanos, emitir el inconstitucional e ilegal Decreto Supremo 4078, del 14 de noviembre de 2019, justificando con ello una presunta inestabilidad pública y eximiendo de responsabilidad penal al personal militar”.
GABINETE
“El decreto de la muerte”, como fue bautizada la norma 4078, fue firmado, además de Jeanine Añez, por Karen Longaric (canciller), Jerjes Justiniano (ministro de la Presidencia), Arturo Murillo (ministro de Gobierno, con condena en Estados Unidos por lavado de activos), Fernando López (ministro de Defensa), José Luis Parada (ministro de Economía), Álvaro Guzmán (ministro de Energía), Yerko Núñez (ministro de la Presidencia) y Álvaro Coímbra (ministro de Justicia).
La nómina está integrada también por María Elva Pinckert (ministra de Medio Ambiente y Agua), Mauricio Ordóñez (ministro de Desarrollo Rural y Tierras) y Roxana Lizárraga (ministra de Comunicación).
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que fue la primera entidad en investigar los sucesos, consideró que lo ocurrido en Sacaba, Cochabamba, con 11 muertos, y Senkata fueron masacres.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos concluyó, luego de la investigación de una misión de observación de tres semanas en el país, que el gobierno de Añez incurrió en “graves violaciones a los derechos humanos” durante las protestas de noviembre de 2019 en el barrio alteño de Senkata y en Sacaba, Cochabamba.
Amnistía Internacional, por su lado, denunció “impunidad” por el uso “excesivo e innecesario” de fuerzas del Estado contra las protestas que se opusieron a la asunción de Añez a la presidencia y que dejaron 38 muertos por amas de fuego, la mayoría de ellos en Senkata y Sacaba.
Católica, evangelista y senadora por tres partidos
“Jeanine es capaz de mandar a matar y lavarse las manos, como lo ha hecho con la masacre de Senkata, y es capaz de mostrarse como la mujer sensible amante del pueblo”.
Esta es una descripción de la autoproclamada presidenta que la escritora y activista María Galindo publicó en un diario paceño en el apogeo de Añez en el Palacio Quemado.
Esa doble moral fue constante en su vida y en momentos clave de su administración de facto.
Católica bautizada y evangélica practicante, así definía su filiación religiosa para contentar a esas dos corrientes en constante colisión.
En 15 de noviembre de 2019 en la mañana se reunía con funcionarios de su confianza para rezar y leer algunos salmos de la Biblia y minutos después no le temblaba el pulso para firmar el Decreto Supremo Nº 4078 para eximir de responsabilidad penal a las fuerzas de seguridad del Estado lanzadas contra la sociedad civil desarmada.
Alguna vez apeló a la emoción del ciudadano, ya encarcelada, y pidió perdón por los “errores” cometidos durante su administración, pero no se arrepintió puntualmente de los asesinatos que siguieron tras la vigencia de ese decreto ni de las graves violaciones a los derechos humanos durante las protestas de noviembre de 2019.
SENADORA
En diciembre de 2009 participó en las elecciones nacionales y logró salir elegida como senadora del Beni en representación de la alianza Plan Progreso – Convergencia Nacional, de Manfred Reyes Villa.
En octubre de 2010, Añez participa nuevamente en las elecciones nacionales y es elegida senadora esta vez en representación de Unidad Demócrata, de Samuel Doria Medina. Fue otra vez elegida senadora en 2014 por el Movimiento Demócrata Social, y en la última legislatura asumió la segunda vicepresidencia del Senado, cargo reservado a las minorías.
El 10 de noviembre de 2019 sus antiguos jefes políticos mencionaban su nombre para asumir la primera magistratura del país.
“Llegó a El Alto el 11 de noviembre de 2019 y, desde allá, fue conducida en un helicóptero oficial como preludio de lo que sería su vida a partir de entonces”, informaba un diario paceño.
Arturo Murillo señala a blindados del Ejército: “Son los que han metido bala en Senkata”
En los días para consolidar el golpe de Estado de 2019, con masacres de ciudadanos desarmados, el entonces ministro de Gobierno, Arturo Murillo, insinuaba que los mismos manifestantes habían disparado a sus compañeros por la espalda.
“Tengo videos que prefiero no mostrar para no impactar y muchos de los muertos que tenemos confirmados tienen tiros en la nuca, ¿cómo pudieron recibir un tiro ahí?, ¿el compañero de atrás le disparó?”, insinuaba en declaraciones a la prensa.
Sin embargo, en un video que circuló en el sitio La Colmena News y otros digitales, el propio Murillo admitía que las balas fueron disparadas por militares.
En las imágenes, Murillo y su viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilson Santamaría, pasan revista policial y militar a los efectivos y sus blindados que tomaron la avenida Mariscal Santa Cruz, frente a Tránsito, en una noche fría antes del 20 de noviembre de 2019.
Ambas autoridades conversan mientras verifican el estado de las fuerzas de represión del Estado.
En un momento, el entonces titular de Gobierno señala a dos vehículos de asalto de las Fuerzas Armadas.
—Estos son los que han metido bala a los…
No termina la frase, pero Santamaría la completa.
—…a los de Senkata ¿no?
—Claro pues, dice el titular Arturo Murillo en un tono de ironía.
Como consecuencia del golpe de Estado, 38 personas murieron en noviembre de 2019 y otras miles fueron perseguidas, detenidas o torturadas, como señalaron diversas investigaciones internacionales independientes de derechos humanos.
Con el retorno de la democracia, se estableció como responsables de las muertes a las fuerzas de represión del Estado.
Ahora El Pueblo