La Paz, 18 de oct 2023 (ATB Digital).- Lidia Lima y Martha Baldivieso están en riesgo de perder sus hogares porque la alcaldía busca demoler sus casas. Las acusa de invadir propiedad municipal. Ambas denuncian que el proceso es ilegal, irregular y pone en riesgo la seguridad jurídica de todos los paceños.
Lidia Lima se encontró el 24 de febrero de 2022 con una orden de demolición en la mano y maquinaria en la puerta de su casa, en el barrio de Bolonia, en la zona Sur. Además, el municipio le endilgó una multa de más de Bs 111 mil.
“Me quieren quitar mi terreno, mi casa y además les voy a tener que pagar. Yo he comprado mi terreno de buena fe, allí vivo con mis hijas sin molestar a nadie. Solo quiero justicia”, reclama Lima, conmovida y con rabia en la voz.
Según explica Nora Santos, presidenta del Comité de Defensa de Propietarios de Bienes Inmuebles, casos como estos son muchos en la ciudad desde hace varias gestiones municipales. Ante la multiplicación de casos desde que Juan Del Granado se posesionó como alcalde, los vecinos decidieron organizarse, allí nació esta agrupación.
Lima adquirió la propiedad en 2019 y terminó de pagarla en 2021, sin embargo vivió allí muchos años antes. Pagó sus impuestos al municipio de La Paz y no tuvo problemas, hasta el año pasado. Tiene todos sus papeles en norma, excepto el catastro, oficina en la que no quieren recibirla.
“Nunca me notificaron de nada. Tienen fotografías de la notificación, pero la pegaron y luego la sacaron. Aparecieron de repente y destrozaron parte del muro. Mis hijas están asustadas, tienen mucho miedo. Nos han hecho mucho daño”, narró.
El comité hizo una investigación del folio real a nombre del municipio paceño. La documentación de Lima puede rastrearse hasta 1978, sin irregularidades desde que fue adquirida por dotación del Servicio Nacional de Reforma Agraria.
Sin embargo, en la documentación de la alcaldía tiene diferentes problemas; la transacción solo registra un propietario anterior, Jorge Rodríguez, quien ya habría fallecido en el momento del traspaso de la propiedad, que sería en 1988, año en el que se habría hecho la inscripción al instrumento público.
En el título, la tarjeta y el folio real no están incorporados sus herederos, quienes serían los que transfirieron el terreno al Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP). La tarjeta computarizada se registró en septiembre de 1985, ya a nombre de la alcaldía.
Además, la superficie registrada es de 55.000 hectáreas, como lo identifica el primer folio real registrado el 28 de octubre de 2011 a nombre del GAMLP.
Por último, se habría encontrado un segundo folio real, redactado el 14 de diciembre de 2010, donde se registra el nombre de la alcaldía como vendedor, y al Gobierno Municipal como comprador, mediante la Escritura Pública 373, sin nombre de notario, a través de la ordenanza municipal del mismo número, promulgada el 24 de agosto de 2010, a nombre de Luis Revilla como alcalde.
“Esto es completamente ilegal, porque una ordenanza municipal no es documento de propiedad. El Código Civil no lo reconoce como tal”, explicó Santos.
Después de que se mostraran estas irregularidades, la alcaldía y Lima llegaron a firmar un documento notariado en el que ambas partes se comprometían a no intervenir la propiedad hasta que se aclarara quién tiene el derecho propietario más legítimo. Proceso que nunca se inició.
“Ahora, la alcaldía le envía otro documento anunciando que se reanudará la demolición. Por parte de la alcaldía firmó María del Carmen Sarmiento, quien ahora desconoce el documento e incluso ha maltratado a la señora Lima. La alcaldía no cumple las sentencias constitucionales, es el peor avasallador, el principal”, narró Julio Choque, apoderado de Lima. Lidia complementó: “Me dijo que tengo dinero porque tengo casa propia, que ella renta, que yo debo ser rica. He comprado estito con mucho esfuerzo, con trabajos de empleada doméstica y vendiendo en una pequeña tienda, es lo único que tengo”.
Choque y Santos explicaron que esta orden de demolición no solo está llena de irregularidades, incluso más que aquellas descritas, sino que viola la Resolución Administrativa Prefectural 121, que establece: “Se instruye a los municipios de La Paz y Palca que, en función de precautelar el orden interno del departamento de La Paz, se suspenda toda medida, acción y ejecución de sanciones administrativas (notificaciones, advertencias, prohibiciones, demoliciones, decomiso) tributarias y agrarias hasta que la autoridad competente en la materia respectiva resuelva de manera definitiva el problema de controversia territorial suscitado en base a los procedimientos establecidos por ley”.
El caso de Martha Baldivieso es similar, la alcaldía utilizó ya varios metros de lo que fuera el terreno de su madre, en el pasaje Nelly Lobo, en el barrio de Villa San Antonio, para construir unas gradas hace ya varias décadas. Ahora la acusan de haber construido en predios municipales y quieren demoler habitaciones que están justo en uno de los bordes del terreno.
“Construimos esos cuartos justamente para que ya no nos quiten más terreno. Aprobaron junto a la junta de vecinos y sin mi conocimiento un proyecto de regularización que me quita aún más espacio, a pesar de que tengo todos los documentos que demuestran que soy propietaria. Tampoco me notificaron. Según dicen están dando cumplimiento a una orden antigua y me culpan afirmando que nunca reclamé; cuando presenté mi queja por avasallamiento a propiedad privada en septiembre de 2013 a la Cámara de Diputados”, narró Baldivieso, quien ya es una persona de la tercera edad.
Ella denunció que nunca indemnizaron lo confiscado— por lo tanto no es una expropiación—, toda la documentación y proyectos que presentan tienen irregularidades, y ahora solo buscan lavarse las manos y “cumplir con la planimetría como si eso fuera más que el derecho propietario de los vecinos de La Paz”, declaró con enojo Baldivieso.
Ahora El Pueblo