La Paz, 13 de nov 2023 (ATB Digital).- La decisión de los tribunales de El Alto y Sacaba de declararse incompetentes para procesar a la expresidenta de facto Jeanine Añez por las masacres de 2019 no es compartida por el Gobierno, aclaró la ministra de la Presidencia, María Nela Prada.
Recordó que desde “el primer día” del gobierno del presidente Luis Arce se demostró con acciones el propósito de alcanzar justicia para las víctimas de los hechos de sangre, por lo que fueron presentados recursos que franquean la ley para revertir esa situación.
“No compartimos la decisión de estos juzgados, hemos tomado las acciones pertinentes como Gobierno en el ámbito de la justicia. Ahora ese tema se encuentra en tribunales. Por supuesto que no es que ahí esté absolutamente definido lo que ha pasado. Nosotros seguiremos tomando las acciones correspondientes”, explicó en Bolivia TV.
La pasada semana, el Tribunal de Sentencia Primero de Sacaba se declaró incompetente para juzgar a la exmandataria de facto por la masacre de Sacaba, al igual que lo hizo a fines de octubre el Tribunal Cuarto de Sentencia Penal de El Alto para procesar a la exsenadora por la masacre de Senkata en la vía ordinaria.
El Gobierno, a través del estatal Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (Sepdavi), que es parte de los demandantes, dependiente del Ministerio de Justicia, presentó ante los juzgados de ambos casos recursos de complementación y enmienda, como de apelación.
Prada rechazó las versiones en sentido de que el Gobierno busque la impunidad en estos casos y, por el contrario, aseguró que la administración de Arce está comprometida con el principio de justicia para las víctimas del golpe de Estado y de las masacres de Sacaba y Senkata, donde más de una veintena de personas murieron por disparos de armas de fuego.
Añez se encuentra en la cárcel y con una sentencia de 10 años por violar la Constitución Política del Estado y el Reglamento de la Asamblea Legislativa Plurinacional al autoproclamarse presidenta ipso facto sin considerar las renuncias de los entonces mandatarios del Estado. También es procesada por las masacres de Sacaba y Senkata, porque los hechos se dieron bajo el amparo del decreto que eximía de responsabilidad penal a militares por los operativos para “restablecer el orden”.
Ahora El Pueblo