La Paz, 29 de nov 2023 (ATB Digital).- La Procuraduría General del Estado (PGE) abrió la posibilidad de sentarse a negociar con la Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce) para llegar a un “mejor arreglo” por la nacionalización de la Fábrica Nacional de Cemento SA (Fancesa) en 2010.
El procurador César Siles dijo que la institución vela por los intereses y recursos del Estado, por lo que se buscará los mecanismos para no afectar al país.
“Seguramente tendremos que, en su momento, sentarnos, como ya lo anunció en un comunicado Soboce y las otras instituciones, para poder llegar a un mejor arreglo posible para el Estado boliviano”, dijo Siles en conferencia de prensa.
La cementera privada, a través de un comunicado, expresó su intención de buena voluntad y de gestionar un diálogo con las autoridades de Estado boliviano que beneficien a ambas partes sobre los fallos emitidos por la jurisdicción de Bolivia y la internacional.
“En un esfuerzo por buscar una resolución pacífica, Soboce ha indicado que iniciará un diálogo constructivo con las autoridades bolivianas, que buscará una solución que beneficie a todas las partes involucradas y contribuya al desarrollo sostenible del país”, señala la nota de prensa.
En un proceso, la jurisdicción boliviana falló a favor de Fancesa en contra de Soboce por más de Bs 744 millones dentro del proceso de resarcimiento de daños y perjuicios por “competencia desleal”.
En abril de 2011, Fancesa presentó una demanda en contra de Soboce por daños y perjuicios. Luego de más de 12 años de juicios, el 15 de agosto de 2023, el Juez Público en lo Civil y Comercial Número 11 de Sucre emitió una sentencia que obliga a Soboce a pagar a favor de Fancesa Bs 744.315.432.
Procesos
“Con este auto de vista 365/2023 (del 31 de octubre de este año) fuimos notificados todas las partes antes mencionadas y también la parte perdidosa, Soboce; sin embargo, todavía se encuentra en plazo para las partes la posibilidad de presentar un recurso de casación. En este caso se logró una recuperación de 744 millones de bolivianos”, dijo Siles.
El segundo proceso, fue presentado ante instancias internacionales. El 11 de enero, los accionistas de Soboce presentaron contra el Estado boliviano un procedimiento arbitral ante la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya por la expropiación de sus acciones en Fancesa.
Los demandantes invocaron el Acuerdo sobre Promoción y Protección Recíproca de Inversiones Perú-Bolivia y pedían una indemnización de $us 260 millones.
Según la Procuraduría General de Bolivia, el conflicto se produjo en el marco del Decreto Supremo 616 de 1 septiembre de 2010, que tuvo por objeto recuperar el 33,34% de las acciones que detentaba Soboce, en favor del Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca.
Soboce, el Consorcio Cementero del Sur, Yura Inversiones Bolivia SA y el Grupo de Inversiones Gloria Bolivia SA activaron la cláusula arbitral del convenio entre la República del Perú y el Gobierno de la República de Bolivia sobre promoción y protección recíproca de inversiones alegando la vulneración del acuerdo bilateral, el grupo empresarial presentó ante la Corte Permanente de Arbitraje (CPA) “una notificación de arbitraje”.
No obstante, Siles informó que el 27 de noviembre el Estado boliviano y las partes en conflicto fueron notificados con la determinación arbitral sobre el caso CPA 2020/-47, la Corte Permanente de Arbitraje se declaró “sin jurisdicción” para resolver la demanda por $us 269,4 millones.
“Los demandantes reclaman violaciones del convenio sobre promoción y protección de inversores (…) En este caso, el Estado boliviano rechazó las alegaciones de los demandantes y opuso excepciones jurisdiccionales y administrativas señalando que los demandantes, las empresas no han satisfecho la carga de la prueba”, manifestó el Procurador.
El grupo empresarial pedía una compensación económica, más intereses, por un total de $us 183,2 millones, además de los dividendos de las acciones estatizadas por $us 86,2 millones, de acuerdo con información de la Procuraduría.
Respecto a este caso, el subprocurador de Defensa y Representación Legal del Estado, Sidney Morales, dijo que el Tribunal Arbitral determinó que tanto el demandante como el demandado paguen costas por un total de 600.000 euros. Cifra que se divide a mitades, es decir, 300.000 euros Soboce y 300.000 el Estado boliviano.
“Al Estado le corresponde pagar 300.000 euros que ya se ha pagado. Hay un remanente que se nos va a ser devuelto de 22.000 euros para el Estado”, manifestó Morales.
(La Razón)