Roberto Chambi Calle
Mientras se escriben estas líneas, somos testigos de los más de 25.500 muertos ocasionados por Israel en Palestina, frente a una “Comunidad Internacional” indolente, que paradójicamente a los postulados de la Carta de San Francisco no ha incorporado un proceso por los actos “criminales” contra Gaza, ahora convertido en el cementerio más grande del mundo.
¿Por qué se ha tenido que esperar tanto tiempo para que un país de manera ejemplificadora frente a los más de 193 Estados de Naciones Unidas haya sentado al banquillo de los acusados al régimen israelí?
Sin duda Sudáfrica se ha convertido en la punta de lanza en la defensa de los derechos de un pueblo, colonizado y bombardeado, demostrando que el camino hacia la justicia y la paz es un axioma supremo.
Actualmente Palestina viene llevando un proceso contra Israel ante la Corte Penal Internacional (CPI) por los crímenes perpetrados por el régimen en los territorios ocupados, donde Tel Aviv arguyó que Palestina no calificaba como Estado al no tener esa cualidad; y que por tal motivo la Corte no tenía jurisdicción ni competencia, la misma aclarada cuando el 13 de junio de 2014, la entonces Fiscal Fatou Bensouda confirmó la recepción del caso; así como el 22 de enero de 2020 su oficina solicitó a la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte pueda analizar su jurisdicción, Sala que el 5 de febrero de 2021 dictaminó por la mayoría de los jueces que la CPI puede ejercer su jurisdicción penal en Palestina, extendiéndose esta a Gaza, Cisjordania y Jerusalén Oriental; por ende la Fiscalía el 3 de marzo de 2021 anunció la apertura de la investigación sobre la situación en el Estado palestino.
Este proceso está en curso, aunque en los hechos el nuevo fiscal Karim Khan (británico…) ha ralentizado en demasía el caso, dando a entender que este Tribunal es obsecuente con otro tipo de intereses…
Sudáfrica ha tenido el valor para iniciar el proceso acusatorio contra Israel, sorprende mucho que en su lugar —como primeros actores de la demanda — no hayan estado las monarquías del Golfo o sus organizaciones internacionales como la Organización para la Cooperación Islámica o la Liga Árabe. ¿Cuál era el temor? ¿Acaso ellos no son musulmanes para proteger el derecho de los palestinos, quienes en más del 90% creen el Allah, el Corán y el profeta Muhammad al igual que ellos?
Las resoluciones de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) son irrevocables, inapelables y de cumplimiento obligatorio; pero no se debe olvidar que muchos fallos de la Corte no han sido cumplidos. En esa línea, desde un análisis jurídico, podemos entender que una resolución favorable hacia Palestina sin duda va a tener un peso moral y ejemplificador, pero en los hechos probablemente las violaciones que comete Israel seguirán su curso normal, no siendo la probable resolución de la CIJ en contra de Tel Aviv una barrera para continuar su accionar; ya lo dijo Netanyahu: “Nadie nos detendrá: ni La Haya, ni el eje del mal, ni nadie”.
Cualquier resolución de la CIJ será incumplida; Israel lo viene haciendo desde hace más de 75 años, y no solo las resoluciones de la CIJ, sino el Consejo de Seguridad y la Asamblea General de Naciones Unidas. Por ejemplo, en diciembre de 2023, el Secretario General Antonio Guterres invocó el artículo 99 de la Carta de Naciones Unidas, instando al Consejo de Seguridad que “presione para evitar una catástrofe humanitaria” en Gaza, y se una en un llamamiento a un alto el fuego humanitario total, quedando su pedido en nada…
Frente a ello, la única solución eficaz para frenar la maquinaria bélica de Israel es aplicar el boicot, la desinversión y las sanciones (BDS) a las empresas no solo de la entidad ocupante; sino también las de EEUU, quien es coautor de las masacres en Gaza. Por ejemplo, la empresa multinacional estadounidense Starbucks el año pasado ha perdido más de 11 millones de dólares, así como McDonald’s viene sufriendo bajas en sus ventas en Pakistán y Malasia.
La Comunidad Internacional necesita confiar en sus instituciones jurídicas, como la CIJ, el Consejo de Seguridad o la CPI. Dar cumplimiento a la normativa será la única vía que garantice la convivencia pacífica de las naciones en un escenario donde los nuevos actores que gravitan en la multipolaridad serán los protagonistas fundamentales de este cambio: una revolución que hoy está en las manos de los pueblos libres del mundo como los BRICS, quienes tienen ahora la responsabilidad de erradicar esa cosmovisión —imperialista-sionista— unipolar, clasista, obsoleta, injusta y oprobiosa para la humanidad.