Potosí, 25 de abr 2024 (ATB Digital).– El Decreto Supremo 5143 está orientado a darle seguridad jurídica a la población, cortar los canales de corrupción porque plantea la bancarización, informó este jueves el viceministro de Defensa del Usuario y del Consumidor, Jorge Silva.
Dijo que esa cartera de Estado realizó una verificación durante 18 meses, aproximadamente, donde recibió diversas denuncias de la población sobre la incertidumbre jurídica, duplicidad de folios reales, modificaciones de nombres, superficies y otras irregularidades que se registraban debido al “sistema altamente vulnerable” de Derechos Reales (DDRR).
“A lo largo de estos años, Derechos Reales se ha caracterizado por la retardación de trámites, en algunos casos incluso años en los cuales los usuarios tienen que estar peregrinando para obtener una inscripción. Para obtener un certificado tienen que estar sujetos a la corrupción, porque la gente que no tiene dinero para pagar al transcriptor, no lo obtiene en los plazos establecidos”, explicó.
Develó que estos hechos derivan en la apropiación indebida de propiedades o hechos de avasallamiento. Los afectados en varias oportunidades denunciaron a funcionarios, exfuncionarios de alcaldías, de Derechos Reales y otros.
“La población realizó denuncias permanentes sobre la modificación de datos, superficies, de nombres, ubicación en los folios reales que son producidos desde las oficinas de Derechos Reales debido al sistema informático altamente vulnerable”, señaló.
Con el DS 5143 se dispone la aplicación de las “herramientas del Gobierno Electrónico” en el registro de Derechos Reales, que debe “interoperar con sistemas de otras entidades públicas a fin de simplificar y optimizar sus servicios, procedimientos y trámites”.
También se plantea la bancarización, para que el usuario que va a pagar una inscripción, o algún certificado, lo pueda hacer a través de una entidad bancaria o por QR.
“Se busca cortar ese contacto que normalmente tiene el usuario al apersonarse a las oficinas de Derechos Reales al pagar en efectivo, porque ahí no solamente está expuesto a que alguien le robe el dinero, sino que está expuesto a la extorsión por parte de algunos servidores públicos de las oficinas de Derechos Reales con los cobros ilegales”, afirmó.
Por su parte, la viceministra de Justicia, Jessica Saravia, aseveró que este nuevo decreto recoge las demandas, preocupaciones y observaciones de la ciudadanía respecto a los registros de Derechos Reales y tiene la finalidad de transparentar la gestión, además de darle seguridad jurídica.
“Este decreto ha incorporado temáticas absolutamente importantes, entre las cuales podemos citar el ajuste de la estructura de Derecho Reales; es decir, sigue formando parte del Consejo de la Magistratura (…), establece la creación de un sistema informático que, por supuesto, está siendo desarrollado en el marco de los estándares internacionales”, afirmó.
A partir del funcionamiento de este sistema “altamente seguro” se identificará a los funcionarios que realicen los trámites y modificaciones.
“Esto por supuesto va a generar, como consecuencia, que los documentos y la información sea absolutamente inalterable, porque va a estar sujeto también a cualquier revisión (…) para evitar recibir, como muchas veces también se ha denunciado, documentos que no gozan de legalidad. Derechos Reales va a poder verificar los datos de la escritura pública”, enfatizó.
Asimismo, se apunta a institucionalizar a los funcionarios de Derechos Reales con base en exámenes de competencia, meritocracia y equidad de género.
FUENTE: ABI