Quiaca, 17 de jun 2024 (ATB Digital).- Tránsito irregular de vehículos robados, trata y tráfico de personas, transporte de droga y fuga de antisociales que pasan de un país a otro luego de cometer delitos, son algunas muestras de la fragilidad de la frontera Yacuiba y el norte argentino. Los recursos humanos en la Policía resultan insuficientes, más aún por las denuncias que apuntan a más de un funcionario por complicidad e incluso por la autoría de atracos en el país vecino.
Autoridades de la institución verde olivo anunciaron un plan de coordinación con sus pares argentinos para optimizar la lucha contra el crimen, aunque ya hubo reuniones similares en el pasado sin el éxito esperado.
“Un secreto a voces” es como pobladores de Salvador Mazza hablaron sobre la supuesta implicancia de policías del Comando de Yacuiba en una ola de robos de vehículos. Lo que dio peso a esa aseveración fue que se dijo en una asamblea ciudadana ante autoridades de Gendarmería, Policía Federal e incluso el intendente Gustavo Subelza, quien dijo que la criminalidad volvió esa zona “tierra de nadie”.
Según lo reflejado en medios argentinos, habría uniformados que tranzan con delincuentes para dejarlos pasar al lado boliviano cuando huyen con vehículos o motocicletas robadas en el vecino país.
El comandante de Frontera, coronel Luis Escobar, la primera semana de abril reconoció haber leído esa noticia y señaló que ya se había dado parte al Comando Departamental.
Las sospechas no se minimizaron cuando a inicios de mayo fue noticia la caída del contrabandista Ediberto Peralta y tres miembros de su banda durante una riña callejera. El sujeto tenía en su posesión un camión “chuto” con denuncia de robo en Argentina y se presume que gozaba de impunidad para conducir ese motorizado.
Para agravar la situación, el 6 de junio Canal 4 de La Quiaca publicó un robo protagonizado al menos por cinco criminales que irrumpieron de madrugada en la casa de un conocido comerciante al que golpearon y obligaron a entregar todo su dinero en efectivo: 11 millones de pesos, además de joyas y la llave de su camioneta Toyota Hilux, en la que huyeron. Los sospechosos tenían acento boliviano, vestían ropa militar y se sospecha que al menos uno sea policía. No es el primer hecho de esta naturaleza.
Según medios televisivos de Buenos Aires, en esa capital se roban cerca de 30 mil motocicletas al año, las llevan a talleres donde las desmantelan y mandan las partes como “encomienda” al norte de su país para luego ser introducidos a Bolivia y que aquí se comercialicen.
Sumado a otras denuncias, la situación ameritó la apertura de un proceso disciplinario en la Policía y también uno penal. Actualmente hay al menos tres funcionarios investigados y suspendidos de sus actividades. El Ministerio Público habría descubierto registros telefónicos y audios que los comprometen, pero todavía se esperan los resultados. Con esa información, el caso podría ampliarse a otros involucrados.
El Comando de Frontera Policial en Yacuiba cuenta con 427 efectivos distribuidos entre estaciones zonales y unidades operativas. Aunque dirigentes barriales y autoridades locales solicitan más personal, el comandante departamental, coronel Gregorio Illanes, señaló que ese es el municipio con más recursos humanos luego de Cercado, por lo que aún no se prevé la llegada de más uniformados.
El contexto no afecta únicamente a las provincias argentinas porque incluso prófugos de recintos penitenciarios escaparon hacia Bolivia, fueron recapturados en el Chaco y entregados a Gendarmería.
En cuanto a posible trata, hubo en 2024 al menos dos restituciones de menores de edad que ingresaron irregularmente al país. En el caso más reciente la Policía encontró a una adolescente encerrada en un domicilio al que ingresaron en busca de un delincuente.
La frontera también es vulnerable al paso de sustancias controladas, aunque la mayoría de los casos terminan con la incautación y aprehensión de sujetos que se dedican al transporte en cantidades menores de cocaína o marihuana, no a eslabones medios o altos en sus organizaciones.
Fuente: El País