La Paz, 21 de feb 2025 (ATB Digital).- A ocho meses del asesinato de Juan Claure S., de 69 años, y Rufina Justina Ayala C., de 68, la defensa de su hijo Juan Carlos denunció que la ampliación de la investigación se está utilizando para “perseguir” a los trabajadores de Papelera Vinto, el negocio familiar de las víctimas, con fines dilatorios, ya que, en su opinión y con base en los elementos del proceso, no tendrían vínculo alguno con el doble asesinato.
Eliana Colque, abogada de Juan Carlos, manifestó que, hasta el momento, las investigaciones señalan a Fernando A., exjefe de Ventas, como autor material e intelectual del crimen. Esta persona falleció el 1 de julio de 2024, tres días después del asesinato de los esposos, en un hecho de tránsito en el que cruzó abruptamente la avenida cuando un camión se encontraba cerca, lo que generó sospechas en la familia de que se trató de un “suicidio”.
Para tres de los hermanos Claure, el móvil del crimen está relacionado con un “daño económico” causado por Fernando, aunque, en una entrevista anterior, la familia de este hombre rechazó esa hipótesis, ya que él no poseía dinero ni lujos.
Hace unas dos semanas, la jefa médica de la empresa fue imputada, ya que, según la Fiscalía, habría proporcionado información sobre los movimientos de los esposos Claure, como horarios de entrada y salida, a Jorge M.G.R., amigo de Juan Carlos, hijo mayor de la pareja, ambos también procesados en el caso. Además, se señaló que el hijo menor, Richard Claure, a través de su abogado, solicitó ampliaciones a otros trabajadores, lo que ha generado un “ambiente de persecución y hostigamiento”, dado que estos ya fueron citados a declarar y lo hicieron durante varias horas.
También denunciaron el constante cambio de investigadores y fiscales, las múltiples citaciones a trabajadores y las demoras en las pericias concluyentes, por lo que pidieron al Ministerio Público realizar una investigación “objetiva e imparcial”.
Hasta el momento, hay cuatro imputados en este caso: el hijo mayor de los Claure, su amigo, quienes se encuentran con detención domiciliaria y derecho al trabajo; el cuidador de la hacienda, que está bajo detención preventiva; y la jefa médica, quien se encuentra con detención domiciliaria y custodia policial.
FUENTE: OPINIÓN