La Paz, 19 de dic 2025 (ATB Digital).- El conjunto de medidas económicas anunciado por el Gobierno el pasado miércoles, presentado como una “emergencia económica, financiera, energética y social” mediante el Decreto Supremo 5503, constituye un ajuste integral orientado a recuperar la sostenibilidad macroeconómica, aunque con riesgos sociales e inflacionarios significativos en el corto plazo, según el análisis del economista y docente universitario Fernando Romero.
En su evaluación, Romero califica las disposiciones como “medidas económicas navideñas”, al tiempo que reconoce avances en disciplina fiscal, incentivos a la inversión y ordenamiento tributario. Sin embargo, advierte que varias de estas decisiones podrían profundizar desigualdades y presionar a los sectores más vulnerables si no se aplican con controles efectivos, gradualismo y políticas de protección focalizadas.
Entre los aspectos positivos, el economista destaca la facilitación de inversiones y la estabilidad tributaria, al considerar que “reducen la incertidumbre y el riesgo país, elementos clave para atraer capital nacional y extranjero y generar empleo formal”. No obstante, aclara que su impacto social es lento y tiende a beneficiar en mayor medida a las grandes empresas.
En la misma línea, la repatriación de capitales con tasa 0% podría incrementar la disponibilidad de dólares y fortalecer las reservas internacionales, pero “plantea un dilema ético y fiscal”, ya que puede interpretarse como un incentivo a la evasión y no genera recaudación directa para el Estado.
Romero también observa efectos mixtos en la regularización de deudas tributarias y en los descargos del IVA. Si bien estas medidas ordenan las finanzas públicas y reducen la carga impositiva real, advierte que, mal administradas, pueden debilitar la disciplina tributaria y abrir espacio a prácticas irregulares, como la facturación falsa.
Empleo, costos y formalidad
En el ámbito laboral, el descargo del costo laboral contra el IVA y el régimen simplificado del 5% bimensual buscan reducir el costo de la formalidad y facilitar la contratación. “Son incentivos relevantes para el empleo formal y las MYPES”, señala Romero, aunque advierte que su efecto puede ser temporal y con impacto fiscal negativo.
Respecto al salario mínimo de Bs 3.300 con libre negociación, el análisis reconoce que la medida protege ingresos básicos y limita abusos, pero también incrementa los costos empresariales, especialmente para micro y pequeñas empresas, con el riesgo de afectar el empleo.
Importaciones, regiones y empresas públicas
El arancel 0% para repuestos y maquinaria, junto con el pago de aranceles en 36 cuotas, puede mejorar la productividad y la liquidez empresarial, además de contener la inflación del transporte. Sin embargo, Romero alerta sobre una menor recaudación aduanera y una mayor dependencia externa.
En cuanto a la distribución 50/50 de recursos con los gobiernos subnacionales, el economista valora el fortalecimiento de las autonomías y la inversión regional, pero advierte sobre posibles desigualdades territoriales y riesgos de mala gestión.
Un punto clave del paquete es la prohibición de financiamiento del Banco Central de Bolivia (BCB) a las empresas públicas, que —según Romero— “envía una señal clara de disciplina fiscal y ayuda a contener la inflación”, aunque exige procesos de reestructuración para evitar problemas financieros y afectación de servicios.
Medidas sociales y ajuste del gasto
El mantenimiento del Bono Juancito Pinto y la Renta Dignidad sostiene el consumo y protege a los hogares más vulnerables, pero incrementa el gasto corriente sin generar productividad. En paralelo, el congelamiento salarial en el sector público reduce la presión fiscal y muestra una señal de austeridad, aunque implica pérdida de poder adquisitivo y menor consumo urbano.
Finalmente, los nuevos precios de los hidrocarburos apuntan a reducir el subsidio y garantizar el abastecimiento, pero su impacto inflacionario es inmediato y con efectos regresivos en los hogares.
Una transición con riesgos
En su conclusión, Romero sostiene que el éxito del paquete “dependerá de la capacidad del Estado para implementar compensaciones sociales efectivas, fortalecer el control institucional y comunicar con claridad”. Recomienda aplicar las medidas con gradualismo, monitorear precios y reforzar la transparencia y la coordinación entre niveles de gobierno.
“El ajuste puede sentar las bases para un crecimiento sostenible, pero mal gestionado puede derivar en mayor pobreza, informalidad y conflictividad social”, advierte el economista.
Fuente: El Deber