Santa Cruz, 25 de feb 2026 (ATB Digital).- El Ministerio Público solicitará la detención preventiva del alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, en el marco de la investigación conocida como “caso pavimento”, que indaga presuntas irregularidades en la ejecución de obras de infraestructura vial durante la gestión 2023.
El fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, informó que en audiencia cautelar se pedirá la aplicación de la medida excepcional de detención preventiva. “Se va a requerir de manera objetiva y fundamentada ante la autoridad judicial la medida excepcional de la detención preventiva”, sostuvo.
¿En qué consiste el caso pavimento?
La investigación se centra en 16 obras de pavimentación rígida que, según la denuncia, fueron pagadas pero no ejecutadas en su totalidad. Los proyectos contemplaban 102,10 kilómetros de infraestructura vial.
Una auditoría operacional realizada por la Contraloría General del Estado, distrito Santa Cruz, detectó falencias en el manejo y la administración pública de estas obras. De acuerdo con el informe preliminar, varios proyectos no fueron concluidos y presentan faltantes considerables de pavimento, según las mediciones efectuadas.
El fiscal Zeballos indicó que se identificaron anomalías relacionadas con los resultados del informe, particularmente en la evaluación de criterios de eficacia en la ejecución de los proyectos.
¿Quién denunció el caso?
La denuncia fue presentada en diciembre de 2025 por el concejal y candidato a la Alcaldía cruceña por la agrupación VOS, Manuel “Mamen” Saavedra. El legislador alertó sobre presuntos hechos de corrupción en obras de pavimentación y estimó un posible daño económico de Bs 6,7 millones. Como respaldo, adjuntó el informe preliminar de la Contraloría.
¿Quiénes están implicados?
La demanda fue interpuesta contra el alcalde Jhonny Fernández y el secretario municipal de Obras Públicas, Sergio Luna. Ambos son investigados por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.
Según el fiscal departamental, la máxima autoridad ejecutiva es responsable de supervisar los procesos de contratación desde su inicio hasta su conclusión, así como de detectar observaciones y emitir resoluciones para corregir posibles irregularidades en la administración de recursos públicos correspondientes al POA 2023.
La Fiscalía emitió órdenes de aprehensión contra los implicados, quienes se acogieron a su derecho constitucional de guardar silencio.
¿Por qué se solicita la detención preventiva?
El Ministerio Público sostiene que existen suficientes indicios, entre ellos documentación sobre estudios de diseño, contratos, órdenes de cambio, planillas de avance, informes de supervisión y el reporte de la Contraloría, además de inspecciones técnicas oculares que habrían evidenciado las irregularidades.
Asimismo, la Fiscalía argumenta la existencia de riesgos procesales, como peligro de fuga y obstaculización de la investigación. También se considera que el alcalde enfrenta otro proceso relacionado con el mercado Mutualista, lo que, según el Ministerio Público, refuerza la necesidad de aplicar la medida cautelar de detención preventiva.
Fuente: Sala de redacción ATB Digital