Argentina, 17 abr 2021 (ATB Digital).- El expresidente Mauricio Macri publicó el pasado jueves dos tuits. En uno apoyo al jefe gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, en su resistencia a la vuelta de las clases virtuales por dos semanas que dispuso el Gobierno de Argentina y en el otro llamó a los intendentes de “Juntos por el Cambio” de la provincia de Buenos Aires a que también resistan estas medidas. Su movida tuvo repercusiones. El fiscal de Morón lo denunció por “instigación al delito y desobediencia”.
La presentación la hizo Javier Ignacio Baños, Agente Fiscal a cargo de la Unidad Funcional de Juicio y Flagrancia Nro. 1 del Departamento Judicial de Morón, ante la fiscalía general de ese departamento. Según la presentación, el fiscal pidió que se investigue si el expresidente cometió los delitos de violación de medidas para impedir la propagación de una epidemia, instigación a cometer delitos y desobediencia, que prevén penas de entre seis meses y dos años de prisión.
“El fiscal Baños solo citó el tuit donde Macri hace referencia a los intendentes bonaerenses y dejó de lado el referido a Larreta, porque es otra jurisdicción. En el tuit, Macri dice: ‘Los intendentes de PBA tienen la oportunidad de imponer su liderazgo para que las pocas escuelas que están abiertas continúen así. Es fundamental preservar el vínculo entre los alumnos y la escuela y no apoyar fallidas decisiones improvisadas, basadas en la intuición o el miedo’”, según un reporte de Página 12.
Baños consideró que “el expresidente de la Nación Argentina realiza, a través de la mentada red social, un llamado público a los gobernantes municipales a que desobedezcan las decisiones adoptadas por el gobernador de la provincia de Buenos Aires”.
El fiscal sostiene además que “más allá que puedan no resultar de su agrado, todas las medidas que los Estados –el provincial y los municipales– adopten para hacer frente a la pandemia y que puedan afectar o restringir el goce y ejercicio de derechos humanos, serán siempre limitadas temporalmente, ajustadas a los objetivos definidos conforme a criterios científicos, razonables, estrictamente necesarias y proporcionales, y por lo tanto legítimas y obligatorias”, graficó.
En ese contexto, Baños agregó que “debemos recordar que el derecho a la libre expresión no es absoluto en cuanto a las responsabilidades que el legislador puede determinar a raíz de los abusos producidos mediante su ejercicio”.
(Agencia Boliviana de Información)