La Paz, 2 ago 2021 (ATB Digital).- El magistrado en lo Penal Económico derivó el caso a otro tribunal. Por este caso ya están imputados el expresidente de Argentina, Mauricio Macri, y varios de sus excolaboradores.
El juez en lo Penal Económico de Argentina, Javier López Biscayart, se declaró incompetente para seguir interviniendo en la denuncia que el gobierno ríoplatense presentó por el presunto envío ilegal de armas a Bolivia durante la administración de Mauricio Macri, a finales del 2019, mientras en el país se consumaba la salida de Evo Morales.
Según medios locales, López Biscayart, que instruyó el expediente durante la feria, consideró que debe ser su colega, Alejandro Catania, quien siga adelante con la investigación que involucra a Macri y a la exministra de Seguridad Patricia Bullrich, entre otros.
Catania debe decidir si acepta la causa o si la lleva al terreno de la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico para que defina qué magistrado seguirá a cargo del expediente con impacto en la política regional.
La decisión de López Biscayart se fundó en el hecho de que Catania recibió minutos antes una denuncia sobre el envío de armas a Bolivia, que había presentado el excamarista Eduardo Freiler. Después ingresó la presentación del ministro de Justicia Martín Soria, la ministra de Seguridad Sabina Frederic y la titular de la Administración de Ingresos Públicos (AFIP) Mercedes Marcó del Pont, que es la que se motorizó durante las dos semanas del receso invernal en los tribunales.
“La declinación de competencia que se decide no determina un grave retraso para la investigación de los hechos denunciados”, escribió López Biscayart en la resolución a la que accedió Página/12.
Según el juez, no se puede demorar el trámite porque en los dos expedientes interviene el fiscal Claudio Navas Rial. De hecho, en la causa que está en el juzgado de Catania, el fiscal tiene delegada la investigación.
Antes del inicio de la feria, Navas Rial imputó por contrabando agravado a Macri, Bullrich, el exministro de Defensa Oscar Aguad, el exembajador Normando Álvarez García, el excomandante general de Gendarmería Gerardo Otero, el exdirector de Logística Rubén Carlos Yavorski y al exdirector de Operaciones Carlos Miguel Recalde.
Después de una ampliación de la denuncia del Gobierno, Navas Rial también pidió que se investigue al agregado de la Gendarmería Adolfo Caliba, quien fue señalado como la persona que recibió el 13 de noviembre de 2019 el cargamento que llevó el primer contingente de gendarmes que se apostó en La Paz para proteger supuestamente la embajada y la residencia del embajador.
En el expediente, Macri denuncia que es víctima de una persecución y busca frenar la realización de un sumario administrativo al interior de la Gendarmería, que podría arrojar información sobre cómo se preparó la salida de los alacranes de la Gendarmería y de las 70.000 balas antitumulto que habrían terminado en poder de la Fuerza Aérea y de la Policía de Bolivia.
La ministra Frederic le dijo a Página/12 que el sumario se demorará un mes y medio más y que, por la información recaba, su cartera sabe que los gendarmes no usaron las municiones en Bolivia y que no estaba previsto que el cargamento fuera con ellos a la embajada. En el juzgado ya cuentan con un avance de ese sumario que tanto preocupa a Macri.
Catania deberá definir si acepta el expediente que le remitió su colega López Biscayart. Es probable que sea la Cámara del fuero la que termine definiendo quién tiene responsabilidad de instruir la causa. Uno de los elementos a considerar es que el expediente de López Biscayart fue el que más avanzó, dado que recibió toda la documentación que recabó el Gobierno y también donde se reclamó avances a distintas áreas.
Fuente: Oxígeno.bo