La Paz, 8 sep 2021 (ATB Digital).- En el marco del principio de verdad material, en su condición de presidenta de facto Jeanine Añez firmó en noviembre de 2019 el Decreto Supremo 4078 que autorizaba a los militares hacer uso de sus armas de fuego, lo que causó la muerte de más de 30 personas y centenares de heridos.
“El principal argumento es que ella ha sido una gobernante de facto, que ha estado a cargo de una organización prácticamente criminal que ha llevado adelante la muerte de bolivianos”, afirmó el ministro de Justicia, Iván Lima, a los periodistas de Tarija.
En ese sentido, dijo que en el marco del principio de verdad material es posible llevar adelante un juicio de responsabilidades contra Añez por las masacres cometidas durante el gobierno de facto, como las de Senkata y Sacaba; lo que no significa que se reconozca su permanencia en el Palacio como constitucional.
“Ni en la teoría del Ministerio de Justicia ni de la Fiscalía (General del Estado), ni del Órgano Judicial se reconoce ninguna calidad constitucional, lo que ocurre es que existe en nuestra Constitución el principio de verdad material”, complementó el ministro.
Dos escenarios
En la vía ordinaria, Añez es investigada por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado y las leyes e incumplimiento de deberes, que los habría cometido cuando era senadora.
Se investiga la participación que tuvo en el golpe de Estado de 2019 y en su autoproclamación como presidenta del Senado en una sesión camaral en la que no hubo quórum.
Es por ello que en marzo fue aprehendida y a la fecha sigue con detención preventiva en el penal de Miraflores.
El otro escenario plantea la apertura de juicios de responsabilidades por la firma del Decreto 4078 “de la muerte”, que ocasionó la muerte de más de 30 personas, además de otros delitos cometidos, ya como presidenta de facto, relacionados con violaciones a derechos humanos y daño económico al Estado.
“La señora Añez fue una gobernante de facto que emitió, entre otras normas, el Decreto 4078 que le llamamos el ‘Decreto de la Muerte’; si ella no hubiera promulgado ese decreto, los militares y policías no hubieran actuado como actuaron”, manifestó Lima.
Condicionamientos
Pese a que los familiares de las víctimas y heridos durante las masacres claman por justicia y una sanción debido a esos hechos, parlamentarios de Comunidad Ciudadana y de Creemos ya anunciaron que no viabilizarán un juicio de responsabilidades porque consideran que primero debe haber un cambio total en el Órgano Judicial, a fin de que, en su criterio, se garantice transparencia en el proceso.
“Si Comunidad Ciudadana y Creemos no aceptan mediante 2/3 de votos de la Asamblea a dar la autorización, ellos serán los responsables de haber negado la justicia y nos abrirán los caminos a la justicia internacional, inclusive la justicia constitucional para lograr justicia para las víctimas de estos hechos, pero tenemos que agotar todas las vías”, indicó.
Fuente: Ahora el Pueblo