La Paz, 21 oct 2021 (ATB Digital).- La directora de Defensa Pública del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, Marcela Siles, aclaró este jueves que ninguna persona se benefició del indulto por razones políticas en función al Decreto Presidencial 4461, promulgado en febrero y abrogado por unanimidad esta jornada, en cumplimiento a las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
“Nadie fue amnistiado en función a dicho decreto por razones políticas”, confirmó la directora, quien además entregó un reporte detallado respecto a la aplicación del Decreto Presidencial 4461 que estuvo vigente entre el 18 de febrero al 20 de octubre.
El gobierno del presidente Luis Arce, recibió del pueblo que asistió a las urnas el 18 de octubre de 2020, la misión de conseguir justicia para las víctimas de las masacres, ejecuciones sumarias, torturas y graves violaciones a los derechos humanos en 2019.
En una de sus recomendaciones, el GIEI-Bolivia pidió al Estado boliviano “garantizar la imprescriptibilidad y la inaplicabilidad de normas de amnistía en casos de graves violaciones a los derechos humanos identificadas en el informe o en casos similares”.
El grupo de expertos manifestó en agosto, al momento de presentar su informe, que la aplicación del Decreto Supremo podría reforzar una percepción de “injerencia política del Gobierno en el desempeño de las funciones del Poder Judicial y de la Fiscalía”.
Ese mismo día, el presidente Luis Arce anunció la abrogación, que hoy se hizo efectiva durante la Décima Sesión Ordinaria de la Asamblea Legislativa Plurinacional convocada por el presidente nato de esa instancia y vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, David Choquehuanca, en cumplimiento a la recomendación y con el objetivo de avanzar en el proceso de memoria, verdad y justicia para el pueblo boliviano.
Durante el periodo de facto más de mil personas vinculadas políticamente al Movimiento Al Socialismo (MAS) y a organizaciones sociales fueron acusadas por la presunta comisión de delitos de terrorismo y sedición, entre otros.
El Decreto abrogado concedía amnistía e indulto “por razones humanitarias” para las personas que fueron procesadas penalmente durante el Gobierno de facto, en franca vulneración de sus derechos humanos, garantías y libertades constitucionales, por la presunta comisión de delitos que tenían relación directa con los conflictos acaecidos entre el 21 de octubre de 2019 y el 17 de octubre de 2020, señalaba.
Fuente: Agencia Boliviana de Información