La Paz 19 nov 2021 (ATB Digital).- A dos años de la masacre de Senkata, ocurrida el 19 de noviembre de 2019, la élite política opositora y de derechos humanos, aún apoya a Jeanine Áñez con su silencio o culpando a las víctimas, escribió el abogado Tomas Becker, de la Clínica de derechos humanos de la universidad de Harvard.
El jurisconsulto dijo que pese a informes internacionales que demostraron que lo ocurrido en Senkata, una zona ubicada en la ciudad de El Alto, fue una masacre, permanece el respaldo de esas minorías selectas a la expresidenta de facto.
“Hay resistencia de la oposición para que las víctimas no encuentren, hasta ahora, justicia de una masacre en la que los heridos y fallecidos fueron campesinos”, dijo, según un tuit de radio Patria Nueva que fue retuiteado por el abogado estadounidense.
“Hoy hace 2 años, el gobierno de Áñez masacró a bolivianos en #Senkata. La élite política y de derechos humanos del país guardó silencio o culpó a las víctimas. A pesar de los informes del GIEI, ONU, Harvard-UNHR y CIDH que prueban masacres, aún apoyan a Áñez. #Revictimización (sic)”, escribió Becker en su cuenta de Twitter.
Siete informes denunciaron masacre/matanzas
Al menos siete investigaciones internacionales y nacionales concluyeron que en Senkata, el 19 de noviembre de 2019, se produjo una masacre.
Por ejemplo, el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) es contundente: En Senkata se produjo una masacre. “El análisis de los medios de prueba revela que el grupo de manifestantes que embistió contra el muro y la puerta de la planta YPFB de Senkata no superó a un centenar de personas. Alrededor de las 12, ese grupo derrumbó parte del muro de la planta ubicado sobre la avenida 6 de Marzo. Como reacción inmediata, las fuerzas militares que resguardaban la planta empezaron a disparar. Como consecuencia de los disparos, se produjeron por lo menos diez víctimas fatales y al menos 78 heridos, de los cuales 31 personas fueron heridas por proyectil de arma de fuego o por elementos contuso perforantes”, indica el documento.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó “de manera enfática las masacres de Sacaba y de Senkata, en las que se habría incurrido en graves violaciones de los derechos humanos. En criterio de la Comisión, estos hechos pueden caracterizarse como masacres dado el número de personas que perdieron la vida en un mismo modo, tiempo y lugar, y a que se cometieron en contra de un grupo específico de personas. Además, los patrones de las lesiones que se han registrado ofrecen serios indicios de prácticas de ejecución extrajudicial”.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), estableció que “los relatos de las víctimas de lesiones y testigos en Sacaba y Senkata, así como la documentación y el material audiovisual analizados por OACNUDH, indican que las fuerzas de seguridad recurrieron al uso innecesario o desproporcionado de la fuerza contra las personas manifestantes, en violación de las normas y estándares internacionales aplicables. Múltiples fuentes verificadas por OACNUDH sugieren que las fuerzas de seguridad del Estado utilizaron municiones letales para dispersar a las personas manifestantes. Elementos materiales, como los cartuchos de munición usados y los impactos de bala en propiedades públicas y privadas, encontrados por OACNUDH donde ocurrieron los hechos, corroboran los relatos recogidos sobre el uso de armas de fuego por las fuerzas de seguridad. El Instituto de Investigaciones Forenses confirmó que la munición letal fue la causa de todas las muertes y varias de las lesiones en las protestas de Sacaba y Senkata. No hubo reportes de miembros de las fuerzas de seguridad que hubieran muerto o resultado herido por armas de fuego durante estas protestas”.
Otro informe fue elaborado por el Instituto de Terapia e Investigación sobre las secuelas de la tortura y la violencia de Estado (ITEI) sobre los hechos de violencia y violaciones a los Derechos Humanos en 2019.
Su reporte titulado “Tortura y malos tratos en los acontecimientos de noviembre 2019 en La Paz–Bolivia”, de 04 de junio de 2020, exigió al régimen de Jeanine Áñez “el cese inmediato de la represión política, de la tortura a los detenidos y su inmediata liberación, junto con el cese de los asesinatos y de todas las violaciones a los derechos humanos en contra de la población”.
La Clínica de Derechos en la Facultad de Derecho de Harvard (IHRC) y la Red Universitaria de Humanidades Rights, llevó a cabo una investigación independiente de aproximadamente seis meses, entrevistando a más de 200 víctimas.
Estableció que la totalidad de los muertos en las masacres ocurridas en Bolivia en 2019, eran civiles indígenas.
“En Sacaba y Senkata, el uso de la fuerza por parte de la policía y las fuerzas armadas bolivianas, contra manifestantes pacíficos o desarmados y otros civiles, constituye una violación directa del derecho a la vida. Según testigos en ambas ubicaciones, las fuerzas de seguridad abrieron fuego –sin aviso previo– contra civiles desarmados, incluidos aquellos que estaban ayudando a los heridos. Las fuerzas de seguridad también golpearon a los manifestantes, haciendo uso de un lenguaje racista y anti-indígena mientras los atacaban. El patrón en el que policías y soldados, de forma intencional o por negligencia, dispararon y mataron ciudadanos sin ningún tipo de restricción, sugiere que estos llevaron a cabo ejecuciones extrajudiciales”, indica el resumen ejecutivo del documento.
En su informe, la organización Amnistía Internacional, indicó que “en el marco de esta crisis post electoral se han perpetrado violaciones de derechos humanos, las que incluyen la represión de manifestaciones, haciendo uso excesivo e innecesario de la fuerza por parte de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Según información recabada por Amnistía Internacional, al menos 35 personas han fallecido y 833 han sido heridas en el contexto de las protestas desde octubre del 2019. Estas violaciones de derechos humanos no han sido investigadas adecuadamente, juzgadas y sancionadas, y permanecen en la impunidad”.
La Defensoría del Pueblo, tras una detallada investigación, determinó, que “Las veinte (20) muertes ocurridas en Sacaba y Senkata, durante las operaciones conjuntas de la Policía Boliviana y Fuerzas Armadas, se constituyeron en masacres, al haberse cometido el delito de Asesinato de forma sistemática, en contra de población civil y bajo el conocimiento, órdenes e instrucciones dictadas desde el Gobierno Transitorio, características que configuran un delito de lesa humanidad”.
Fuente: Agencia Boliviana de Información