La Paz, 4 dic 2021 (ATB Digital).- El Comité Contra la Tortura (CAT por sus siglas en inglés) dependiente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) destacó como “aspectos positivos” un total de 18 avances del Estado boliviano en la lucha contra ese flagelo y el fortalecimiento de los derechos humanos y demandó celeridad en la investigación y sanción de delitos y violaciones de derechos humanos durante el gobierno de facto, indica un reporte de prensa del Ministerio de Justicia.
“El Estado parte (Bolivia) debe investigar de modo pronto, independiente, efectivo y exhaustivo, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables de actos de tortura, malos tratos y uso excesivo de la fuerza ocurridos durante la crisis de 2019-2020”, destaca el informe.
También urge al Estado “asegurar que las víctimas reciban una reparación integral adecuada, conforme al daño sufrido”, a través de un “mecanismo de seguimiento a las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, creado mediante un acuerdo suscrito con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para coadyuvar en las investigaciones de los hechos mencionados”.
Una de las recomendaciones para lograr la reparación integral a las víctimas del gobierno de facto de Jeanine Añez es la realización de un censo de víctimas.
“El Comité expresa su preocupación por los actos de violencia de carácter racista registrados durante la crisis de 2019-2020, incluidos los ataques, amenazas y malos tratos a mujeres indígenas por parte de grupos organizados”, se lee en el informe.
“Asimismo, el Comité observa con preocupación las informaciones relativas a la represión policial contra la población movilizada, en su mayoría indígena y campesina, tal como ocurrió en Betanzos, Yapacaní, Montero, Sacaba y Senkata”.
Delitos de odio
El CAT también pide “investigar sistemáticamente todas las formas de delito de odio, incluidos los actos violentos de carácter racista, enjuiciar a los autores y, en caso de que se les declare culpables, se les castigue con penas que tengan en cuenta la gravedad del delito”;
“Llevar a cabo una reforma urgente del sistema de justicia a fin de garantizar su independencia y el respeto al debido proceso, en particular, adoptando una ley sobre la carrera judicial que garantice la estabilidad profesional, y revisando el proceso de selección, evaluación y remoción de juezas, jueces y fiscales, conforme a criterios públicos y objetivos, basados en el mérito. Se debe garantizar también los recursos necesarios para el adecuado funcionamiento de los órganos de justicia”.
Reforma judicial
El CAT recomendó “llevar una reforma urgente del sistema de justicia a fin de garantizar su independencia y el respeto al debido proceso, en particular, adoptando una ley sobre la carrera judicial que garantice la estabilidad profesional, y revisando el proceso de selección, evaluación y remoción de juezas, jueces y fiscales, conforme a criterios públicos y objetivos, basados en el mérito”.
Aspectos positivos
Entre los 18 aspectos positivos relacionados a Bolivia el Comité “celebra que el Estado parte ha ratificado el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte, el 12 de julio de 2013”.
También el Comité acoge con beneplácito las iniciativas del Estado boliviano para revisar su legislación en ámbitos relacionados con la Convención, en particular:
a) La promulgación de la Ley núm. 1397, de 29 de septiembre de 2021, mediante la cual se designa a la Defensoría del Pueblo como Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura;
b) La promulgación de la Ley núm. 1173, Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres, de 3 de mayo de 2019, dirigida a limitar el uso de la detención preventiva;
c) La promulgación de la Ley núm. 458 de Protección de Denunciantes y Testigos, de 19 de diciembre de 2013;
d) La promulgación de la Ley núm. 463, de 19 de diciembre de 2013, que crea el Servicio Plurinacional de Defensa Pública;
e) La promulgación del Decreto Presidencial núm. 4571, de 28 de octubre de 2021 que abroga el Decreto núm. 4461, de 18 febrero de 2021, que incluía el otorgamiento de amnistía genérica o indulto a personas procesadas penalmente por delitos relacionados con la crisis de 2019-2020;
f) La promulgación del Decreto Supremo núm. 4087, de 28 de noviembre de 2019, que abroga el Decreto Supremo núm. 4078, de 14 noviembre de 2019, sobre facultades discrecionales a las Fuerzas Armadas para restablecer el orden interno, eximiéndoles de responsabilidad penal;
g) La aprobación del Manual de Organización y Funciones de la Dirección Nacional de Seguridad Penitenciaria y Dirección de Establecimientos Penitenciarios, mediante Resolución Administrativa núm. 242/15 de 14 de julio de 2015;
h) La aprobación del Protocolo de Prevención y Atención de Denuncias por casos de violencia física, psicológica y sexual en las unidades educativas, mediante Resolución Ministerial 2412/2017, de 20 de julio de 2017;
El Comité celebra las iniciativas emprendidas por el Estado parte para modificar sus políticas y procedimientos a fin de reforzar la protección de los derechos humanos y aplicar las disposiciones de la Convención, en particular:
a) La autorización de la publicación del informe sobre la visita realizada por el Subcomité para la Prevención de la Tortura a Bolivia en 2017 (CAT/C/OP/BOL/3), así como de la respuesta del Estado parte (CAT/C/BOL/3/Add.1), de 24 de julio de 2018, a las recomendaciones planteadas por el Subcomité;
b) La creación de la Comisión de la Verdad, mediante Ley núm. 879, de 23 de diciembre de 2016, con el objeto de esclarecer las violaciones graves de derechos humanos, incluida la tortura, ocurridas entre el 4 de noviembre de 1964 y el 10 de octubre 1982. Esta norma también dispone la desclasificación de archivos militares correspondientes a dicho periodo;
c) La presentación, a la conclusión de las funciones de la Comisión de la Verdad en diciembre de 2019, de una memoria histórica y un informe final sobre las graves violaciones a los derechos humanos investigadas, señala el informe del Ministerio de Justicia.
Fuente: ABI