La Paz, 14 dic 2021 (ATB Digital).- El procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, suscribió este martes un convenio marco de cooperación interinstitucional con el presidente de la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM-Bolivia), Enrique Leaño, para la implementación de espacios de capacitación y especialización a servidores públicos de esa institución en la defensa legal de los intereses del Estado.
“La importancia de este convenio reside en la importancia que tiene el consejo legal de un abogado, dentro de la toma de decisiones que tiene que asumir una autoridad”, señaló Chávez en un acto desarrollado en instalaciones de esta entidad, según una nota de prensa.
Chávez expresó su deseo en que los abogados que están al servicio de las diversas instituciones públicas ofrezcan un buen consejo legal a las autoridades, para evitar una afectación a los intereses del Estado.
“El primer gran error de una autoridad pública es poner a un servidor público incompetente”, lamentó el procurador y aseguró que, con el convenio, los funcionarios de la FAM – Bolivia podrán especializarse y aportar a la reducción de la cantidad de juicios que tiene el Estado.
Por su parte, el presidente de la FAM – Bolivia, expresó su deseo en que el convenio se replique con todos los municipios del país, para brindarles una adecuada capacitación a los abogados que se desempeñan laboralmente.
“Muchas veces por falta de criterios jurídicos adecuados se frustran procesos, se retardan y se dilatan, lo que afecta a la gestión. En otros casos (los abogados de los municipios) nos dan vía libre (en determinados procesos) y (las autoridades municipales) estamos metidas en problemas por omisión”, manifestó.
El acuerdo tendrá una duración de cinco años y establece compromisos para capacitar a los servidores públicos pertenecientes a la FAM-Bolivia en áreas como el Derecho Público, Derecho Constitucional, Derecho Administrativo, Patrocinio Legal del Estado y otros temas vinculados a la defensa de los intereses del Estado, en diferentes áreas de la gestión pública y la deontología jurídica estatal. Los cursos serán dictados en la Escuela de Abogados del Estado (EAE).
También incluye programas académicos de postgrado en áreas como la Gestión Jurídica Pública y Defensa Legal del Estado.
Asimismo, se suscribió otro convenio marco de cooperación interinstitucional con el Colegio de Abogados de La Paz (ICALP), cuyo objetivo es implementar actividades académicas dirigidas a los profesionales abogados, para que se especialicen en la defensa legal del Estado.
Fuente: ABI