La Paz, 5 feb 2022 (ATB Digital).- El viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, César Siles, en representación del ministro de Justicia y Transparencia Institucional Iván Lima Magne, presentó una querella penal en contra del exjuez Rafael Alcón por Incumplimiento de Deberes; Prevaricato; Consorcio de Jueces, Fiscales, Policías y Abogados; y Supresión y Destrucción de Documento, al haber liberado al feminicida serial, Richard Choque, quien tras su liberación cometió graves delitos.
“Señor representante del Ministerio Público asignado a la Fiscalía Especializada de Delitos de Anticorrupción y Legitimación de Ganancias Ilícitas, Aduaneros y Tributarios de La Paz (…) me apersono en calidad de querellante”, señala el Viceministro Siles en la referencia de la querella penal presentada en las últimas horas, indica un reporte de prensa del Ministerio de Justicia.
El ahora exjuez Alcón liberó en diciembre de 2019 a Richard Choque, sentenciado a 30 años de privación de libertad sin derecho a indulto, hecho que permitió que reincida en la comisión del delito de feminicidio y otros graves actos delictivos como violaciones, secuestros y extorsiones.
“Interpongo querella penal, por los delitos inmersos en los arts. 154 (Incumplimiento de deberes), art. 173 (prevaricato), (supresión o destrucción de documento) art. 202, (consorcio de jueces, fiscales, policías y abogados), art. 174, todos del código penal”, se lee en la querella.
De acuerdo con el Decreto Supremo 29894, de fecha 7 de febrero de 2009, es atribución de las autoridades del Órgano Ejecutivo en el marco del artículo 14 de la Ley 004 De Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz”, constituirse obligatoriamente en parte querellante de los delitos de corrupción y vinculados, agrega el informe.
“Bajo este parámetro normativo y en mi calidad de apoderado del señor Ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Máxima Autoridad Ejecutiva de referida entidad, tengo a bien PRESENTAR QUERELLA, de acuerdo a los siguientes fundamentos de hecho y de derecho (sic)”, expresó el Viceministro, en la querella penal fundamentada.
Mediante Resolución 890/2019 de fecha 24 de diciembre de 2019, Alcón en su condición de Juez 1ro de Ejecución Penal de La Paz, concedió la detención domiciliaria temporal a favor de Richard Choque por el lapso de 18 meses, bajo el argumento de una Evaluación Médico Legal con diagnóstico: Hepatomegalia, Hepatosis, Gastritis Crónica, Ulcera Péptica- Diabetes – Alergia, Asma Bronquial, sin considerar la Sentencia Condenatoria que determina 30 años de presidio sin derecho a indulto.
Los artículos 196 y 167 de la Ley 2298 señalan las condiciones legales para acceder a la detención domiciliaria como un beneficio penitenciario, sujeta a la verificación y comprobación de una enfermedad incurable y en estado terminal. Ese extremo no fue corroborado por Alcón.
Asimismo, el delito por el que Choque fue condenado no le permitía el beneficio al indulto y por otro lado, el sentenciado no había cumplido las dos quintas partes de la pena impuesta, situación comprobada y aseverada por el mismo juzgador.
Todos esos aspectos establecidos en la norma, no fueron considerados por Alcón en su calidad de juez al momento de emitir dicha resolución, agrega el informe.
En ese sentido, a través de la querella penal, Siles pide al Ministerio Público investigar al exjuez por inicios en la comisión de los delitos de Incumplimiento de Deberes; Prevaricato; Consorcio de Jueces, Fiscales, Policías y Abogados; y Supresión y Destrucción de Documento.
El petitorio expuesto en la querella penal presentada por la autoridad, establece que, “En coherencia a todo lo supra expuesto y mencionado en la presente literal, pido a su digno Despacho Fiscal, imprima el trámite correspondiente y se inicie la etapa de investigación preliminar en contra del querellado RAFAEL ALCON ALIAGA, por los delitos previstos y sancionados en los Arts. 154 (INCUMPLIMIENTO DE DEBERES), 153. (PREVARICATO), Art. 173 (CONSORCIO DE JUECES, FISCALES, POLICÍAS Y ABOGADOS), 202. (SUPRESIÓN O DESTRUCCIÓN DE DOCUMENTO) (Sic)”.
El Viceministro además solicita a la Fiscalía que se “disponga el Inicio de Investigaciones Preliminares, a fin de atribuir la responsabilidad penal y otros posibles Autores que con seguridad exista”. (ABI)