La Paz, 21 de agosto de 2022 (ATB Digital).- Cuando los tanques empezaron a descender por el centro de la ciudad de La Paz y las avionetas sobrevolaban disparando desde el cielo, Victoria López y sus compañeros de la Universidad Mayor de San Andrés, se dirigieron a Palacio Quemado para pedirle armas al presidente general Juan José Torres Gonzales con el fin de defender el proceso revolucionario. Sin embargo, no lo lograron. El coronel Hugo Banzer Suárez y los militares aliados, que meses antes encabezaron un motín, retomaron su objetivo de acabar con lo que ellos denominaban “el soviet boliviano” y lo concretaron ese sábado 21 de agosto de 1971, hace ya 51 años.
La llegada del general Juan José Torres a la Presidencia, el 7 de octubre de 1970, marcó un punto de inflexión de un ciclo histórico de efervescencia de las aspiraciones populares y sindicales en pos de un gobierno de izquierdas capaz de anteponer los intereses nacionales a los foráneos.
Ello se expresó en medidas como la nacionalización de la mina Matilde (30/04/1971), la expulsión del Cuerpo de Paz (21/05/1971) y la creación de la Asamblea Popular (01/06/1971), que; sin embargo, no fue bien recibida por Washington.
La embajada de los Estados Unidos en La Paz, dirigida por Ernest Siracusa, definió las decisiones de Torres como parte de las “presiones anti-estadounidenses” y su país no descartó ninguna posibilidad de reacción en contra de la administración boliviana.
En efecto, el 29 de junio de 1971, Estados Unidos decidió revertir la situación política boliviana. En un memorándum (secreto) de la Comisión 40 se lee que “el 22 de junio del año en curso, el Presidente de este Comité instruyó a la CIA presentar una propuesta, proponiéndose en ese sentido un programa de acción política diseñado para unificar al Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) y moderados líderes militares que se ponga en marcha tan pronto como sea posible. (…) El costo de este programa se calculó en $us. 410.000 durante los próximos seis meses”.
En julio de 1971- cita el libro Un siglo de intervención de EEUU en Bolivia- el Comité 40 se reunió para considerar la propuesta de acción encubierta elaborada y presentada por la CIA el 29 de junio.
Internamente, existía una división respecto a la aprobación de la propuesta, siendo el embajador Siracusa, uno de los mayores opositores de dicha medida, prefiriendo la asistencia económica y militar como medida de disuasión.
No obstante, a pesar de su oposición, la propuesta de financiación encubierta se aprobó transfiriendo fondos de la CIA a “exmilitares involucrados en la conspiración golpista, y a otro oficial disidente”.
Si bien el “dinero estaba destinado a desanimar un golpe de Estado inminente y según los informes a ‘cimentar las relaciones’ con figuras militares bolivianas”, el 19 de julio de 1971 inició el movimiento subversivo para deponer al presidente Torres.
El general Rogelio Miranda, reveló al periódico argentino el Clarín, que en julio de 1971 viajaron junto con Banzer desde Argentina a Bolivia para “preparar el golpe militar”.
“Entramos a Bolivia de forma clandestina. Yo estuve 40 días (todo julio) poniéndome en contacto con la oficialidad de las guarniciones que derrocaron a Torres”, indica Miranda en una nota publicada el 25 de agosto de 1971 en el periódico Presencia.
La resistencia
Con el desplazamiento total de las fuerzas militares y la consolidación del golpe, la Central Obrera Boliviana (COB), los universitarios y toda la sociedad civil pasaron a la resistencia.
Victoria López y los universitarios fueron a la Intendencia Militar de Guerra en busca de armamento. “La misión era entrar ahí y sacar las armas para combatir en el cerro de Laikakota, pero no pudimos lograr ese objetivo porque había francotiradores que disparaban”.
Tras el fracaso, Victoria López, que por entonces estudiaba Sociología, se trasladó hasta el cerro de Laikakota junto con dos compañeros y constataron lo evidente: la lucha era desigual. Mientras los militares disparaban desde los aviones, los estudiantes apenas respondían con algunos fusiles máuser. Los cuerpos se desplomaban como rocas.
En Oruro, la situación era diferente. El exdirigente sindical José Pimentel Castillo, que por entonces era egresado de la universidad, se unió a la “resistencia esperando las batallas decisivas que se iban a producir conjuntamente con grupos de universitarios, atento a las movilizaciones que estaban haciendo los trabajadores mineros en las pampas de Vinto y Huanuni”.
“Lamentablemente, no hubo mayores acciones y tuvimos que entrar a la lucha clandestina. Estuve cinco años en lucha clandestina y dos años en la cárcel durante la dictadura de Banzer”, contó en agosto de 2018 al suplemento Democracia Directa, del desaparecido periódico estatal Cambio.
En la clandestinidad la labor consistía en organizar a los sindicatos, ayudar a los heridos y perseguidos por la dictadura. Una labor muy complicada y al borde del riesgo del encarcelamiento.
Victoria López fue apresada cuando fue a visitar a su madre, que estaba muy enferma. Los militares la torturaron durante horas en el Ministerio del Interior (Gobierno).
“Los presos políticos no eran como los presos comunes que los tenían en la cárcel, éramos víctimas de torturas de aislamiento, de desapariciones y bueno, al final muchos compañeros desaparecieron y los que tuvimos que soportar o lograr sobrevivir sufrimos otro tipo de presiones, en mi caso un aislamiento de más de un año solo en una celda y las torturas cada vez que se les ocurría”, señala José Pimentel.
De acuerdo con el exministro de Defensa, Reymi Ferreira, el golpe de Banzer fue el más nefasto de la historia. Se registraron 468 muertes, 3.000 personas detenidas y casi 2.000 personas fueron exiladas o confinadas.
“Fue un periodo de terror donde se censuró toda la prensa, por lo menos 30 periodistas fueron torturados y detenidos”, indicó.
Para el exsecretario ejecutivo de la Comisión de la Verdad, Fernando Rodríguez, Banzer fue “la materialización de un plan siniestro, totalmente, ni siquiera inmoral, sino amoral” que involucraba “la violencia política como un mecanismo de subordinación y dominación de la gente”.
Pero más allá de ello – dijo – y de además manejar de forma “dispendioso de las arcas públicas, Banzer fue el gestor de la gran industria del narcotráfico en Bolivia”.
Si durante el golpe de Luis García Meza se dividen “las líneas de control del narcotráfico, la base de creación del narcotráfico, el momento inicial de su industrialización, podríamos llamarlo, ocurre en el periodo de Banzer”, enfatizó Rodríguez.
Pese a ello, Banzer, con su partido Acción Democrática Nacionalista (ADN), ingresa a la arena política y como resultado de las alianzas políticas cogobierna por casi 20 años en la etapa democrática. Jorge Tuto Quiroga fue su heredero al asumir éste la presidencia del país en agosto de 2001, recibiendo el bastón de mando del propio Banzer.
(ABI)