La Paz, 10 de septiembre 2022 (ATB Digital).-El trabajo forzoso está prohibido en Bolivia, pero, a pesar de eso existen casos de un régimen de explotación que se acercan incluso a la esclavitud.
El ministro de Justicia, Iván Lima, confirmó que aún hay resabios en el país de pueblos indígenas “cautivos” en Santa Cruz, mientras que el Ministerio de Trabajo, estableció, a principios de agosto pasado, que una comunidad en Chuquisaca vivía en situación de “semiesclavitud”.
Lima dijo el jueves que se identificó en la hacienda La Tunita, en el municipio de Charagua del departamento de Santa Cruz, que una comunidad vive “en situaciones de explotación”.
De acuerdo con informes del Ministerio de Justicia, presentados el pasado 31 de agosto, se trata de 14 familias guaraníes asentadas en esa propiedad, ubicada en territorio de la capitanía Kaaguazu, autonomía indígena Kereimba Iyaambae.
El Viceministerio de Justicia Indígena Originaria Campesina, tras un amplio trabajo de campo, entregó el “Informe de Relevamiento de Información del Caso Tunitas” en el que establece que se “evidenció vulneraciones a los derechos humanos de familias guaraníes que habitan en dicha hacienda”.
Ese despacho advierte en su informe que recogió evidencias de la “situación de vulnerabilidad” de esas 14 familias, conformadas por adultos mayores, mujeres embarazadas, niños y varones en edad laboral.
El titular de Justicia precisó —en el marco del anuncio de la aprobación del decreto supremo 4793 que reglamenta la Ley 450 de Protección a Naciones y Pueblos Indígena Originarios en Situación de Alta Vulnerabilidad, que no entró en vigor pese a que fue promulgada el 4 de diciembre de 2013 por falta un reglamento— que se trata de “una comunidad prácticamente cautiva”.
“Es una población guaraní que está siendo explotada, en una situación prácticamente de servidumbre. Yo pensaba no encontrar una situación en este Estado Plurinacional, después de 200 años, una situación tan crítica de esta comunidad, pero las hay”, expresó el viernes a Erbol.
El Instituto Nacional de Reforma Agraria verificará la función económica social de La Tunita, mientras que el Ministerio de Trabajo anunció que presentará una estrategia de seguimiento para apoyar en las acciones legales y se cumplan los derechos laborales y el pago de beneficios sociales de los trabajadores guaraníes de la hacienda.
Comunidad guaraní Totorenda
En agosto pasado, el Ministerio de Trabajo logró, precisamente, que 32 familias de la comunidad guaraní Totorenda La Montaña, provincia Hernando Siles de Chuquisaca, que vivían en situación de semiesclavitud, se beneficiaran con 140 cabezas de ganado, equivalentes a más de Bs 300.000.
La jefa departamental de Trabajo en Chuquisaca, Alejandra Navarro, informó entonces que la comunidad guaraní estaba administrada por un pastor evangélico y que los indígenas trabajaban sin ninguna remuneración económica.
La comunidad guaraní, fundada el 10 de mayo de 2010 en el municipio de Huacareta, está integrada por 37 varones, 46 mujeres y 48 niños, en total 131 personas que integran 32 familias. Sus principales actividades son la ganadería y la agricultura.
“Las autoridades comunales denunciaron que las 32 familias trabajaban sembrando y cuidando el ganado sin ninguna remuneración económica, para quien fungía como pastor evangélico. Incluso, esta persona no dejaba ingresar a los comunarios a la casa de hacienda. Asimismo, vendía ganado sin consultar con la comunidad y en beneficio solo de su persona”, afirmó Navarro.
Ahora, con la intervención estatal, tanto los campos agrícolas como el ganado son de propiedad de la comunidad y no de una sola persona.
Trabajo forzoso
El trabajo forzoso está expresamente prohibido en Bolivia. Hasta 2010 estudios oficiales establecieron la existencia de comunidades en condiciones de esclavitud en las provincias O’ Connors y Gran Chaco, de Tarija; Cordillera, de Santa Cruz y Luis Calvo y Hernando Siles de Chuquisaca.
La recolección de castaña en el norte amazónico y el cultivo de la tierra y la ganadería en el Chaco boliviano, son dos de los casos más destacados en que se usan métodos que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) tipifica como de “trabajo forzoso u obligatorio”.
Desde 2015 no se reportaron, hasta hora, casos de comunidades indígenas situación de explotación, semiesclavitud o trabajo forzoso.
Protección
El Ministerio de Justicia señaló que con el decreto supremo 4793, que reglamenta la Ley 450 de Protección a Naciones y Pueblos Indígena Originarios en Situación de Alta Vulnerabilidad, se protegerá a naciones y pueblos indígena originarios en situación de alta vulnerabilidad.
Con ese decreto se crea la Dirección General de Protección a Naciones y Pueblos Indígena Originarios (DIGEPIO).
El ministro Lima citó, precisamente, el caso de La Tunita como una muestra de la necesidad de activar el trabajo de la nueva la DIGEPIO.
Fuente:ABI