La Paz, 14 de noviembre 2022 (ATB Digital). – El gobernador Luis Fernando Camacho y el presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, deberán enfrentar una nueva denuncia por los hechos violentos que se registraron en la ciudad de Santa Cruz durante los 24 días de paro indefinido.
El coordinador del Comité Impulsor de Justicia, Aldo Michel, informó que este lunes se activó una nueva denuncia penal en contra de los promotores del paro cívico en Santa Cruz acusándoles de al menos cinco delitos.
“En este momento se ha presentado una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (Sucre), ante el fiscal Juan Lanchipa para que estas nuevas acciones delictivas que se han cometido se investiguen y que el Ministerio Público converja todos los procesos y las denuncias que se han efectuado”, indicó Michel, en entrevista con ABI.
Cuestionó que ambos cruceños pese a tener procesos en su contra por el caso golpe de Estado y otros aún no haya presentado su declaración. En relación al cívico, quien también fue denunciado por privación al trabajo, actos violentos, ya desde el paro “fracasado” del 2021, observó que hasta la fecha no haya presentado su declaración.
“Es hora que los operadores de justicia respondan al clamor popular, porque se ha afectado gravemente la condición de derechos humanos en Santa Cruz. Caso contrario la Fiscalía estaría entrando en condición flagrante de denegación de justicia e incumplimiento de deberes”, advirtió.
Entre los delitos que se atribuyen a Camacho y Calvo -como autores intelectuales- están: incitación a delinquir, organización de grupos militares, daño a propiedad pública y privada, lesiones graves y gravísimas, conspiración “con rasgos de conducta terrorista”, robo agravado y otros.
El paro cívico durante 23 días tuvo como consecuencias al menos cuatro fallecidos en situaciones relacionadas al paro. El primer deceso se registró el 22 de octubre por enfrentamientos entre quienes están a favor y en contra.
La segunda y tercera perdida se debe a accidentes fatales por cierre de vías con cables. La cuarta víctima fue un joven asesinado en un punto de bloqueo. Además de hechos “aberrantes” como una violación grupal y decenas de casos de extorsión a los conductores en puestos de control ilegales.
Además, que grupos violentos radicales afines a la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) promovieron actos de discriminación y racismo que el viernes 11 de noviembre desencadenó en la quema de la Federación Única de Trabajadores Campesinos y la toma de otras instituciones.
Ante esos extremos delictivo el Comité Impulsor exige que la Fiscalía General del Estado investigue y procese a los autores intelectuales y materiales de los hechos violentos durante los días de paro.
Fuente: ABI