La Paz, 15 nov 2022 (ATB Digital).- El secretario Ejecutivo de la Central Obrera Regional (COR) de El Alto, Marcelo Mayta, informó este lunes, que la Asamblea de la Alteñidad determinó, procesar penalmente a Luis Fernando Camacho, Rómulo Calvo y Vicente Cuellar, por los hechos irregulares que se cometieron en más de 23 días de paro indefinido en Santa Cruz.
“Por la comisión de los delitos resoluciones contrarias a la constitución (CPE) y las leyes atentado contra el Presidente y otros dignatarios de estado, violencia política contra mujeres, racismo, discriminación, atentados contra la libertad de trabajo, atentado contra la seguridad de los servidores públicos, impedir y estorbar el ejercicio de las funciones y asociación delictuosa”, señaló Mayta.
Complementó que a las denuncias se suma también una ampliación sobre terrorismo y alzamiento armado, como también los hechos de toma y destrucción de la infraestructura y bienes materiales de la Sede Sindical de la Federación de Campesinos y la Central Obrera Departamental cruceña, ocurrida el viernes pasado.
A su vez a estos hechos se suman la denuncia de cuatro personas fallecidas durante el paro cívico indefinido.
“Desde la COR vamos a ser la voz de todos esos hermanos que no son escuchados. Nosotros no entendemos ¿por qué el Ministerio Público no ha iniciado el proceso de oficio o las denuncias respectivas?. Por esa razón nosotros lo estamos haciendo de cara al pueblo”, aseveró.
Explicó que la denuncia se fundamenta en el Decreto Supremo 138 del 2009 que reglamenta las competencias en el tema de jurisdicciones, alzamiento armado y poner en zozobra la seguridad del Estado, por esta razón conforme a este Decreto se está haciendo la denuncia, en la jurisdicción de La Paz.
“Tienen que responder, defenderse o presentar las pruebas correspondientes en La Paz y se ha activado la alerta migratoria en contra de estos señores porque vamos a buscar justicia, no pueden quedar impunes la muerte de esos cuatro hermanos, el daño económico que se ha causado a los trabajadores, los saqueos que hubieron y otros”, precisó.
El Decreto Supremo 138 del 2019 señala textualmente.
Artículo 2°.- (Jurisdicción) Queda consolidada la ciudad de La Paz, como ámbito de jurisdicción procesal para el juzgamiento de los delitos de Terrorismo, Sedición o Alzamientos Armados contra la Seguridad y Soberanía del Estado, siendo esta ciudad la Sede de Gobierno legalmente constituida donde se encuentran las principales instituciones del Estado Plurinacional de Bolivia.
Ahora el Pueblo