La Paz, 15 de noviembre 2022 (ATB Digital). – La Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) demandó la aplicación del rigor de la ley y con respeto a los derechos de los detenidos por hechos de violencia en Santa Cruz y, al mismo tiempo, no tolerar impunidad de sus delitos.
La organización social dirigida por el abogado Édgar Salazar notó la actuación del gobernador Luis Fernando Camacho en oficinas policiales por la liberación de los sospechosos detenidos, tras el ataque violento que sufrieron las sedes de la Federación de Campesinos y la Central Obrera Departamental (COD).
Se pronunció en sentido de que los “los sospechosos detenidos en acción directa por la Policía Boliviana, merecen las máximas garantías constitucionales y su derecho a guardar silencio, ser escuchados y asumir defensa material ante el órgano jurisdiccional”.
Asimismo, “las víctimas de las acciones violentas organizadas con exprofeso cometido de paralizar las actividades laborales y atentado a los derechos al trabajo, libertad de locomoción, acceso a los servicios públicos vitales, como el auxilio médico, a la alimentación regular y educación, entre otros, merecen justicia en cuanto a la reparación de los daños sufridos y la imposición de penas a los autores de la violación de sus derechos humanos”.
La Asamblea de Derechos Humanos recordó que el movimiento cívico dejó como víctimas a una joven mujer que sufrió una violación sexual múltiple, la muerte a golpes con palos y piedras de dos civiles, y la inconstitucional “muerte civil” de opositores al paro cívico.
“El señor Gobernador del departamento de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y sus cómplices -pronunció Derechos Humanos- no pueden gozar de impunidad de sus actos provocativos y premeditados de ataques a los derechos individuales y colectivos de la sociedad cruceña; mucho menos, apersonarse para incurrir en apología del delito al demandar la libertad pura y simple de ciudadanos detenidos en acción directa y en delitos flagrantes”.
La Asamblea demandó que las autoridades jurisdiccionales obren conforme a derecho, sin dejar cabida a acciones políticas de impunidad contra autores materiales e intelectuales de crímenes cometidos durante el denominado “paro indefinido” cívico.
Fuente: ABI