Santa Cruz, 16 nov 2022 (ATB Digital).- Oscar Mendoza Cabrera (25) tuvo que superar el paro indefinido que se cumple en Santa Cruz y trasladarse a la ciudad de Sucre, Chuquisaca, para someterse a un trasplante de riñón porque, además, la Gobernación cruceña no habilitó una unidad para realizar la operación en un hospital público.
Oscar, junto con su hermana, Zaida Mendoza Cabrera (29), que es la donante, llegaron hace unos días al hospital Santa Bárbara, en la ciudad capital del Estado, y fueron sometidos a diversos exámenes antes de la intervención que se efectuará este miércoles y que se constituirá en el trasplante número 41 en la gestión del presidente Luis Arce Catacora.
“En la gestión del presidente Luis Arce ya se han realizado 40 trasplantes renales, este es el número 41, estamos hablando de pacientes que dependen de una hemodiálisis para poder sobrevivir y que después de un trasplante tienen una vida casi normal”, indicó el ministro de Salud y Deportes, Jeyson Auza, al momento de confirmar la intervención.
Gracias al programa nacional de trasplante, la intervención, que en el sector público tiene una tarifa de por lo menos Bs 200.000, no tiene ningún costo. El beneficiario solo debe contar con el donante como sucede con Oscar.
El gobierno nacional asume el costo de las tres etapas de la intervención: el pre trasplante, trasplante y pos trasplante.
A diferencia de lo que ocurre en La Paz, Cochabamba y Chuquisaca, donde las gobernaciones sí habilitaron una unidad de trasplantes en un hospital público, hasta la fecha la administración departamental cruceña no lo hizo.
Fue por esa razón que Oscar tuvo que trasladarse a la ciudad de Sucre porque “la gobernación, al mando del señor Luis Fernando Camacho, no ha sido capaz de realizar un trámite administrativo que gestione la habilitación de una unidad de trasplante renal en un hospital público”, dijo el ministro.
“Los pacientes de Santa Cruz tienen que peregrinar para recibir esta atención que el Gobierno nacional cubre en su totalidad”, señaló Auza.
El ministro lamentó que el gobernador cruceño, en lugar de asumir sus obligaciones como garantizar la atención en salud de la población, se aboque a acciones políticas con el paro indefinido que hasta la fecha ya dejó al menos cuatro fallecidos, cientos de heridos, una denuncia de violación grupal, varias vulneraciones a los derechos humanos y cerca de $us 1.000 millones de pérdidas económicas.
De acuerdo con datos oficiales, desde el 2014, el Gobierno nacional posibilitó 271 trasplantes.
ABI