Chuquisaca, 18 de noviembre 2022 (ATB Digital). – La Fiscalía General del Estado (FGE) admitió la denuncia contra el gobernador Luis Fernando Camacho y el cívico Rómulo Calvo por los hechos de violencia y vulneraciones a los derechos humanos registrados en la ciudad durante el paro cívico que se inició el 22 de octubre pasado.
“No han aceptado la denuncia y se la está remitiendo a la Fiscalía Departamental de Santa Cruz (…) este caso ha resultado con bastante premura dado los acontecimientos en el Plan 3.000”, explicó la representante del Comité Impulsor de Justicia en Chuquisaca, Verónica Huanca.
Según la activista, la liberación de los aprehendidos en los hechos violentos del pasado viernes, solo logró que se rearticulen para que vuelvan a atacar a la población cruceña, arremetiendo esta vez contra los vecinos y gremialistas del Plan 3.000.
“Estamos viendo un enfrentamiento civil – paramilitar como lo es la Unión Juvenil Cruceñista”, reprochó.
Señaló que los promotores del paro, Camacho y Calvo, serán investigados por la presunta comisión de los delitos de discriminación y racismo, organización criminal, atentado contra altas autoridades del Estado, además de atribuirse los derechos del pueblo.
“Nosotros hemos visto que Santa Cruz se ha vuelto tierra de nadie”, manifestó al señalar que la Policía fue rebasada y que nadie pone freno a estos hechos de violencia que se registran desde que inició el paro en Santa Cruz.
La ciudad de Santa Cruz cumple este viernes 28 días de paro cívico y tuvo como consecuencias al menos cuatro fallecidos en situaciones relacionadas al paro.
Además, grupos violentos radicales afines a la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) promovieron actos de discriminación y racismo que el viernes 11 de noviembre desencadenó la quema de la Federación Única de Trabajadores Campesinos y la toma de otras instituciones.
La madrugada del jueves 17 de noviembre, integrantes de la paraestatal atacaron una vigilia y saquearon al menos 20 negocios en el Plan 3000.
Ante esos extremos delictivo el Comité Impulsor exige que la Fiscalía investigue y procese a los autores intelectuales y materiales de los hechos violentos durante los días de paro.
Fuente: ABI