La Paz, 25 de noviembre de 2022 (ATB Digital).- En Argentina se abrió una causa judicial contra el expresidente de Argentina Mauricio Macri por enviar de contrabando material bélico a Bolivia, para el gobierno de facto de Jeanine Áñez en noviembre de 2019, pero hasta el momento ninguna exalta autoridad involucrada fue llamada por la Justicia “a dar explicaciones” de lo hecho.
El diario Página 12 difundió este viernes la información analizada sobre el apoyo del gobierno de Macri al golpe de Estado, con el sugestivo título de: “Armas a Bolivia: una causa judicial en la que nadie es llamado a dar explicaciones”.
“En la causa están imputados Mauricio Macri y la exministra de Seguridad Patricia Bullrich, entre muchos otros que integraron el gabinete cambiemita y los altos mandos de Gendarmería, pero, por el momento, nada apunta a que vayan a ser llamados a dar explicaciones ante los estrados judiciales”.
El material bélico llegó la madrugada del 13 de noviembre a Bolivia, a horas de que Áñez tomara el poder, apoyado por cívico y partidos de oposición, y en medio de protestas sociales que rechazaban el golpe de Estado. Días después, el 15 y 19 de noviembre de 2019, se dieron las masacres de Sacaba y Senkata, respectivamente, con más de una veintena de muertos y decenas de heridos por impactos de bala. Los militares y policías intervinieron las protestas.
El juez de la causa, Alejando Catania, continúa tomando declaraciones a funcionarios involucrados en el tráfico de material bélico con destino a los golpistas de noviembre del 2019, en aparente maniobra judicial para garantizar la impunidad de Macri, Bullrich y de otros.
“En el gobierno -publica Página 12- miran con atención esta causa, que se originó por una denuncia de tres funcionarios de primera línea y en la que están imputados Macri y varios de sus colaboradores más cercanos por contrabando agravado: Bullrich, Aguad, Peña, Faurie, el exembajador (en La Paz) Normando Álvarez García, el exsecretario de Asuntos Estratégicos Fulvio Pompeo o el entonces jefe de la Gendarmería Gerardo Otero. Quienes siguen la causa sostienen que todo apunta hacia arriba, pero que nadie es llamado a dar explicaciones”.
“En la madrugada del 13 de noviembre de 2019, el avión llegó al hangar de los Diablos Negros (Bolivia). Allí, bajaron los gendarmes y la carga y subieron los parientes de los diplomáticos que buscaban regresar al país en medio de la violencia que se había desatado en Bolivia. Ese mismo día, según surge de la documentación aportada o encontrada en Bolivia, se repartieron las 70.000 balas 12/70 entre la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) y la Policía local. La FAB se quedó con 40.000 cartuchos, como reveló este diario tras el hallazgo de una nota de agradecimiento por parte del comandante de ese cuerpo. Casi la totalidad del resto de las balas terminó en un almacén de la Policía Boliviana”, recordó el medio argentino.
En Bolivia, los involucrados en el tráfico de armas, el ex comandante de la Fuerza Aérea Bolivia Gonzalo Terceros y de la Policía Boliviana Yuri Calderón, fueron imputados por ese delito, en el proceso penal denominado Golpe de Estado III, que continua en curso.
El año pasado, el presidente argentino Alberto Fernández, mediante carta a su colega boliviano Luis Arce, pidió”disculpas al pueblo de Bolivia porque un Gobierno argentino haya mandado armamentos para parar la protesta de un pueblo que se levantaba contra un golpe militar”.
Fuente: ABI