La Paz, 26 ene 2023 (ATB Digital).- La delegación de la Comisión Interamericana de Derecho Humanos (CIDH) recibió este jueves a los familiares de los fallecidos y víctimas de las masacres de Senkata, El Alto, y Sacaba, Cochabamba, donde más de una veintena de personas murieron por impactos de bala en medio de una intervención policial-miliar en noviembre de 2019.
La audiencia fue dirigida por el comisionado Relator, Joel Hernández, y la secretaria ejecutiva de la CIDH, Tania Reneaum Panszi, en un hotel de la ciudad de La Paz, en el marco de la visita que inició la misión el martes para evaluar los avances en la implementación de las 36 recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre la crisis de 2019.
“Las víctimas, los familiares de los fallecidos, los heridos y los presos políticos han estado presentes en este evento para indicar cuáles son los avances en función a las recomendaciones que hizo el GIEI”, informó Eliana Rojas Hurtado, de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (Apdh-Bolivia) que acompañó a las víctimas, reportó Bolivia TV.
Los asistentes destacaron los avances logrados, no obstante, también pidieron que se agilicen aspectos como la ley de reparación integral y también el censo de las víctimas de las masacres de Senkata y Sacaba en el gobierno de facto de Jeanine Áñez, quien dio impunidad a los agentes de la Policía y de las Fuerzas Armadas para reprimir a la población desarmada.
“Estamos pidiendo la celeridad en la investigación de los hechos de 2019, de manera puntual en el caso Senkata porque ya pasó mucho tiempo”, denunció Rojas.
El martes, el Juzgado Primero de Instrucción en lo Penal de El Alto definió que la expresidenta de facto sea juzgada penalmente y no en un juicio de responsabilidades, por la masacre perpetrada en Senkata, en noviembre de 2019.
La decisión fue asumida ante el requerimiento presentado por los familiares de las víctimas que plantearon la demanda penal en contra de Áñez, por la muerte de 10 personas y decenas de heridos por impactos de bala durante la intervención policial-militar a una protesta vecinal el 19 de noviembre de 2019.
El juez Marco Amaru presidió la audiencia virtual y rechazó que el caso sea tramitado en la Asamblea Legislativa Plurinacional como juicio de responsabilidades, como exige la defensa de la exsenadora, informó el canal estatal Bolivia Tv.
De acuerdo con la investigación preliminar, el 19 de noviembre de 2019, agentes de la Policía y de las Fuerzas Armadas reprimieron a la población civil de El Alto “registrándose un saldo de 31 personas heridas cuyas lesiones son compatibles con proyectil de arma de fuego, lesiones por elemento contuso perforante; así como 10 personas fallecidas a causa de impacto por proyectil de arma de fuego, de los cuales se identifica 2 fallecidos por calibre 9 mm, 1 fallecido por calibre 5.56 y 4 fallecidos por calibre 22; los restantes 3 cadáveres presentaron orificios de entrada y de salida”.
La base central de la acusación en contra de la exsenadora es la emisión del Decreto Supremo 4078 del 15 de noviembre de 2019, que eximió de responsabilidad penal a personal militar y policial por sus actuaciones en hechos como Senkata, El Alto, y en Sacaba, Cochabamba, donde también se registraron más de una decena de personas fallecidas.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), formada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), investigó los hechos de la crisis de 2019 y determinó que hubo una masacre en Senkata y en Sacaba.
Áñez ya cuenta con una sentencia de 10 años de cárcel por el caso Golpe de Estado II o la toma de la Presidencia del Senado, que le luego le permitió hacerse del poder. También es procesada penalmente por designar de forma irregular a una de sus familiares como gerente de la Empresa Boliviana de Alimentos (EBA).
El ministro de Justicia, Iván Lima espera que en el lapso de tres meses se inicie el “juicio oral público y contradictorio por la masacre de Senkata”.
Con la reunión con las víctimas de las masacres, la CIDH concluyó su estadía que inició el martes con audiencias concedidas a autoridades del Gobierno nacional, mientras que el miércoles continuó en Sucre, con reuniones con autoridades de la Fiscalía General del Estado y del Tribunal Supremo de Justicia.
En tanto que este jueves, la delegación recibió a varios actores políticos, entre ellos legisladores de Creemos y de Comunidad Ciudadana, al expresidente Carlos Mesa, y a los integrantes de la “Asociación de Exautoridades Electorales Víctimas de la Persecución Política tras las Elecciones 2019” para conocer su valoración de la implementación de las recomendaciones del GIEI.
Posteriormente, como resultado de la visita, en el ejercicio de sus funciones, la CIDH publicará un informe sobre el estado de avance en el cumplimiento de las recomendaciones.
Fuente : ABI