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Gobierno considera que cabildos vulneran acuerdos con la CIDH

La Paz, 26 ene 2023 (ATB Digital). – El Gobierno desahució este miércoles la posibilidad de que el presidente Luis Arce apruebe una ley de amnistía, como exigen cívicos, para beneficiar a los procesados por la ruptura del orden constitucional y masacres de 2019, porque iría en contra de las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

La posición fue expresada por la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, quien recordó que el GIEI, formado y enviado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), investigó y elaboró un informe con recomendaciones sobre los hechos de violencia y muerte ocurridos antes, durante y después de la crisis de 2019.

“La recomendación 10 del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dice expresamente la inaplicabilidad de normas que tengan que ver con la amnistía, más aún si se refieren a temas de derechos humanos”, aseguró Alcón en declaraciones a la prensa en puertas del histórico Palacio Quemado.

Precisamente en el punto 10 de las 36 recomendaciones realizadas por el GIEI señala que se debe “garantizar la imprescriptibilidad y la inaplicabilidad de normas de amnistía en casos de graves violaciones de los derechos humanos”.

La petición de amnistía fue planteada en reducidos cabildos realizados el miércoles en ciudades capitales de Bolivia, como parte del intento de articulación del movimiento cívico cruceño para lograr la libertad del excívico Luis Fernando Camacho, quien está encarcelado de forma preventiva en el penal de Chonchocoro, en Viacha (La Paz), por sus acciones en la crisis de 2019.

Al final de la crisis, que derivó en las masacres de sacaba y Senkata, el propio gobernador Camacho confesó que su padre, José Luis, “cerró” con los policías y militares para que no cumplan su rol constitucional de resguardo de la democracia y sugirieran la dimisión del entonces presidente Evo Morales.

En el cabildo de Santa Cruz se dio un plazo de 30 días para que el Gobierno “instruya y viabilice la aprobación de una Ley de Amnistía” que “determine la liberación del gobernador Luis Fernando Camacho”. En caso de no obtener una respuesta, advirtió con “impulsar activamente un proceso constitucional para revocar el mandato del presidente”.

Alcón afirmó que con esa advertencia se pone en evidencia el interés de los cívicos de dejar en la impunidad a los protagonistas de la ruptura del orden constitucional y de la violación de derechos humanos, además del plan para “acortar el mandato del presidente”.

“Estos afanes golpistas solo buscan impunidad por el golpe de Estado de 2019”, insistió.

Para el diputado del MAS-IPSP Juan José Jáuregui, la petición de amnistía pretende se “olvide” los delitos y crímenes que se cometieron durante el régimen de facto de Jeanine Áñez y de los millonarios desfalcos con la compra, por ejemplo, de respiradores chinos que no servían para combatir el Covid-19.

Mientras que el abogado constitucionalista José Carlos Sánchez consideró que al pedir una amnistía, que en términos sencillos es un perdón, implícitamente los partícipes del cabildo de Santa Cruz están admitiendo que Camacho cometió ilícitos durante las protestas de octubre y noviembre de 2019.

“¿Por qué tiene que haber amnistía si no hay delito? Eso es algo que debería razonar la población, porque se perdona cuando se comete un error, entonces, si está buscando el perdón implícitamente se está reconociendo que ha habido algún tipo de acto ilícito y eso no se debería de aceptar como población tampoco”, afirmó en el programa Fama, Poder y Ganas.

(ABI)

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