Sucre, 13 feb 2023 (ATB Digital). – La jerarquía eclesiástica que conformaba la Conferencia Episcopal Boliviana en 2019 podría ser convocada a declarar en el caso Golpe de Estado I, así lo pidió la Procuraduría General del Estado.
El abogado de la Procuraduría, Rolando Cruz, señaló que en caso que la Fiscalía acepte la recomendación, los obispos serán convocados en calidad de testigos, por lo que no deberían preocuparse, ni argumentar “persecución política”.
“Es importante la determinación que toma la Procuraduría (…) la jerarquía eclesiástica no tiene por qué preocuparse, no tienen por qué desgarrarse las vestiduras”, indicó el jurista en entrevista con Bolivia TV.
Remarcó que solo se busca conocer la verdad histórica de los hechos de 2019 y los testigos podrían dar la información que se requiere para el esclarecimiento de la ruptura del orden constitucional.
“Hay que recordar a la población que la jerarquía eclesiástica ha sido parte de la ruptura del orden constitucional”, señaló Cruz.
Según la parte denunciante, la trama conspirativa del 2019 se plasmó en una reunión secreta en la Universidad Católica Boliviana, el 10 de noviembre, en la que enviados de Luis Fernando Camacho y Carlos Mesa, la jerarquía católica, Waldo Albarracín y embajadores, sin la presencia del Movimiento al Socialismo, partido en función de gobierno, definieron que Jeanine Áñez asuma la presidencia.
El jurista y también miembro del Comité Impulsor de Justicia (CIJ) remarcó que el 10 de noviembre de 2019 se planificó el “quiebre del orden constitucional”.
Lamentó que la Iglesia también haya permitido que los actores políticos utilicen la biblia para “romper el orden y generar genocidio”, por lo que ahora solo se busca justicia por las muertes, heridos y perseguidos.
Caso Golpe de Estado I
La denunciante de este caso es la exdiputada Lidia Patty, quien amplió la denuncia en contra de las exautoridades que acompañaron a Añez en su administración inconstitucional y los políticos que allanaron el camino ilegal en noviembre de 2019.
La Fiscalía investiga la presunta comisión del delito de terrorismo, la principal investigada en este caso es la exsenadora Áñez, quien está recluida en el penal de Miraflores y cuenta con una sentencia de 10 años por el caso Golpe de Estado II.
En este caso, el excívico Luis Fernando Camacho está recluido preventivamente en el penal de Chonchocoro de La Paz desde el pasado 30 de diciembre 2022 y es investigado por terrorismo, seducción de tropas y cohecho.
(ABI)