La Paz, 29 de mar 2023 (ATB Digital). – El Juzgado Primero de Anticorrupción rechazó y declaró infundado el recurso presentado por la defensa del encarcelado gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, para trasladar de La Paz a Santa Cruz de la Sierra el proceso penal por los daños ocasionados en los 36 días de paro cívico en Santa Cruz.
La defensa de Camacho pretendía que este proceso sea ventilado en la capital cruceña, pese a que el denunciante, en este caso la Central Obrera Regional (COR) de El Alto y uno de los principales acusados, radican en La Paz.
Los denunciados en este proceso son Camacho, el excívico Rómulo Calvo, el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Vicente Cuellar, el vicerrector Reinerio Vargas, y el asesor legal del Comité Interinstitucional José Luis Santistevan. Para este miércoles, estaba prevista una audiencia.
Durante los 36 días de paro exigiendo un censo en 2023 se reportó cuatro muertos, la toma y quema de sedes sindicales como de los campesinos, agresiones a quienes se resistían a parar por parte del paraestatal Unión Juvenil Criceñista (UJC) y pérdidas económicas superiores a los $us 1.000 millones, con mayor peso en sectores que viven del día a día, entre otros hechos.
Al final, los promotores de la extrema medida de presión terminaron aceptando la propuesta del Gobierno de realizar el censo en 2024, sobre la base de un informe técnico.
La COR-El Alto planteó en La Paz una demanda en contra de los responsables de los daños provocados por el paro. Tras un análisis de los argumentos de las partes, la justicia decidió que este caso radique en La Paz y rechazó la intensión de que sea llevado a Santa Cruz.
El abogado del excívico Camacho, Martín Camacho, presentó otro recurso legal, esta vez apelando la determinación del Juez Primero de Anticorrupción de La Paz.
“Presentamos un recurso de apelación y esperamos que se remita el antecedente a la sala, para que se pueda resolver”, indicó el jurista.
Los integrantes del Comité Interinstitucional, organización que reunió a todos los que tomaban decisiones vinculadas al paro, son acusados por delitos como terrorismo, discriminación, atentado contra la libertad del trabajo, atentado contra los servicios públicos y atentado contra la salud.
El paro de 36 días
Entre el 22 de octubre y el 26 de noviembre de 2022 se impuso un paro de 36 días en Santa Cruz. La medida extrema estuvo caracterizada por la violencia, el racismo y discriminación que impusieron grupos radicales a la población que se oponía a la medida.
Durante el paro y bloqueo se impidió la circulación de ambulancias con pacientes, de carros fúnebres, de vehículos bomberos, de personal médico, incluso atacaron un bus y a efectivos policiales que transportaban a 13 reos.
(ABI)