La Paz, 22 de may 2023 (ATB Digital).- La Fiscalía mantiene vigente la orden de aprehensión en contra de los empresarios y hermanos Jorge y Roberto Artieda Flores, quienes no acudieron a la citación para declarar, informó el fiscal del caso Julio Cesar Porras.
Los dos empresarios estaban citados a declarar en calidad de testigos por el préstamo de $us 492.300 para la construcción de sucursales del hoy intervenido Banco Fassil, siendo socios de la entidad bancaria.
“Nosotros necesitamos que declaren, (el no declarar) es una obstaculización para el Ministerio Público y nos obliga a que la persona que no se presente, aun así, como testigo, esté con orden de aprehensión (…) la orden de aprehensión se mantiene”, informó Porras.
Ambas personas son consideradas testigos, en el marco de las investigaciones sobre delitos financiero relacionados con la intervención del Banco Fassil. Se conoce que ambos están en Estados Unidos, desde donde pidieron declarar; sin embargo, el Ministerio Público pide su presencia.
Las ordenes de aprehensión tienen como objetivo garantizar que los hermanos Artieda brinden su testimonio en marco a las investigaciones.
Según el memorial que presentó la defensa de los empresarios, ambos regresarán a Bolivia en septiembre de 2023. La documentación no justificaría su ausencia y la Fiscalía podría solicitar la cooperación internacional para su captura; sin embargo, el fiscal Porras evitó brindar detalles de su estrategia investigativa.
Según la pesquisa uno de los hermanos mantenía una relación como socio de Fassil, mientras que el otro concretó “importantes obras” para la entidad financiera.
Ahora se investiga por qué el ejecutivo del Banco Fassil Ricardo Mertens otorgó la totalidad de la construcción de las sucursales de la entidad bancaria a la empresa constructora de propiedad de los hermanos Artieda Flores, además, con presuntos sobreprecios.
Mertens está recluido preventivamente en el penal de Palmasola, junto a otros tres altos ejecutivos del Banco Fassil por delitos financieros.
Se los acusa por malas prácticas financieras (2021 y 2022) debido a la otorgación de créditos fuera de norma, como el que se le facilitó a una joven de 18 años por la suma cercana a los Bs 10 millones.
Fuente: ABI