* ROLANDO MONTECINOS – A propósito de las movilizaciones y la polémica por la famosa “contraparte económica” para las obras, vale la pena mirar el pasado, en esta ocasión el viaje en el tiempo no es muy largo y apenas nos llevara hasta la mitad de la década de los noventa.
Fue en abril del 1994 que la ley de participación popular vio la luz en la Bolivia del siglo XX, bautizada con el número Nº 1551 comenzó un proceso de reconfiguración de la relación entre estado y sociedad civil, transfiriendo atribuciones y recursos a niveles Sub-nacionales, fue básicamente una respuesta del gobierno a las demandas regionales por mayores espacios de poder, decisión y participación.
Recursos por habitantes, condiciones de vida y otras variables; gobernaciones, en ese entonces prefecturas, municipios y universidades tendrían desde ese día una nueva relación con el estado.
Hasta 1994 una obra estaba pensada desde un escritorio a kilómetros de distancia de los beneficiarios la prioridad estaba generalmente marcada por las empresas encargadas de su construcción y los recursos asignados dependían de la buena voluntad de los gobernantes.
La ley cumplió la mayoría de edad antes de que su sucesora, la Ley de Autonomías terminará de cerrar los cambios esperados… pero nos enseñó tres cosas que los bolivianos no dejaremos que cambien: La Planificación coordinada los poas planes operativos anuales que son: el instrumento de ordenar el gasto y las inversiones, el control social, la mejor manera de garantizar el correcto uso del dinero y finalmente y más importante al unir esfuerzos, usar los recursos de todos los niveles de gobierno para el mayor beneficio
¿Qué pasa ahora?
“El cojo siempre le echa la culpa al empedrado”. Los gobiernos regionales reclaman más recursos del estado, culpan al gobierno central de los proyectos que les falta, cuando son ellos los que deben generar esos acuerdo para bien de sus regiones. La planificación desde las bases y la gestión desde los subniveles de gobierno, buscando el apoyo del estado y de ser necesario el externo, y claro la contraparte económica en las obras no es una carga y menos un gasto es el privilegio de decidir planificar y gestionar individualmente el desarrollo local.
Intentar polemizar sobre el porcentaje de las inversiones es una conducta vacía que intenta negar los avances de la autonomía y la planificación regional.
* ROLANDO MONTECINOS ES PERIODISTA