Santa Cruz, 19 de oct 2023 (ATB Digital).- La Fiscalía imputó a los líderes del denominado paro de 36 días por varios delitos supuestamente cometidos en las jornadas de violencia entre octubre y noviembre de 2022.
Los implicados en este caso son el gobernador Luis Fernando Camacho, el expresidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo; el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM) Vicente Cuéllar; el vicerrector de la UAGRM, Reinerio Vargas, y el abogado constitucionalista José Luis Santiesteban.
Ahora los cinco líderes regionales están investigados por la supuesta comisión de los delitos de terrorismo; resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes; racismo, discriminación, atentados contra la libertad de trabajo, atentado contra la seguridad de los servicios públicos, impedir o estorbar el ejercicio de funciones, asociación delictuosa y desórdenes o perturbaciones públicas.
La Fiscalía abrió el caso a instancias del dirigente de la Central Obrera Regional (COR) de El Alto Marcelo Mayta, el 11 de noviembre de 2022. La Fiscalía de La Paz recibió la denuncia, pese a que los hechos acontecieron en la capital de Santa Cruz.
Anoticiado de la imputación, Cuéllar, coordinador del llamado Comité Interinstitucional por el Censo de Santa Cruz, advirtió de “persecución” y anunció que se defenderá de las acusaciones.
Además, calificó como “un pedido político” ese proceso, debido a presuntos intereses del Gobierno para deshabilitarlo como candidato a las elecciones presidenciales de 2025.
Paro
Se caracterizó por la quema de las sedes de la Central Obrera Regional y la Federación de Campesinos, violencia en las rotondas, control de “peajes” y otras medidas extremas. Al menos una persona murió en una pelea por el control de puntos de bloqueo y otras dos por causa de un alambre tensado en otro punto.
La primera víctima del paro fue un trabajador en Puerto Quijarro, golpeado por cívicos que pretendían hacer cumplir las protestas. Ocurrió la madrugada del primer día del paro.
La protesta que exigía censo en 2023 persistió, pese a numerosos intentos del Gobierno para entablar el diálogo por la fecha del empadronamiento en mesas técnicas; incluso, con la participación de organismos internacionales.
Finalmente, la dirigencia cruceña terminó aceptando los plazos técnicos que apuntaban la encuesta nacional para el 23 de marzo de 2024. “La fecha es un concho (sobra)”, admitió entonces Camacho.
Al final, el Censo de Población y Vivienda se desarrollará en la fecha prevista por ley.
Por su parte, el Instituto Nacional de Estadística (INE), avanzó en las actividades precensales; concluyó la cartografía y presentó la boleta censal con 59 preguntas.
(La Razón)