La Paz, 5 ene 2024 (ATB Digital).- Una movilización de propietarios de funerarias, comerciantes de lápidas y flores llegó este jueves hasta el Palacio Consistorial para exigir la destitución de la directora de la Entidad Descentralizada Municipal de Cementerios de La Paz, Patricia Endara, debido al incremento “excesivo” de las tarifas por espacios y servicios.
Según el representante de la Asociación de Funerarias de La Paz, el incremento de los espacios fue de manera “arbitraria y sin previo aviso”.
Explicó que, en comparación con la anterior administración, el cobro por nichos era de Bs 221 por cinco años y en la actualidad, con el último incremento, el costo subió a Bs 1.185.
“También están haciendo cobros por el uso y limpieza de vías, cremaciones, reducción de restos, traslados de nichos y patentes a las empresas privadas”, denunció el representante.
Otro dirigente dijo que las cremaciones cuestan Bs 2.800 y los nichos perpetuos oscilan entre Bs 900 y 1.200. Todos estos costos sufrirán un incremento con la determinación de la Alcaldía de La Paz.
RECURSOS
La directora de cementerios, Patricia Endara, informó que los recursos que percibe el camposanto por los servicios se reinvertirán en la mejora del mismo Cementerio General.
Afirmó que la recaudación proveniente de la actualización de costos por prestación de servicios postmortuorios se realizó en función de la cotización de la Unidad de Fomento a la Vivienda (UFV) y al estudio de precios que se realizó en 2022.
La medida rige desde el 1 de enero de 2024. “Somos una entidad descentralizada del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz sin fines de lucro, los recursos que se recaudan son reinvertidos en los cementerios que administramos”, remarcó la autoridad edil.
La funcionaria agregó que el cementerio es “un bien de uso de dominio público” y aclaró que las funerarias no pueden hacer contratos previos con los dolientes.
Explicó que la asignación de espacios para nuevas sepulturas se efectúa en un “acto público mediante un sorteo digital en el día”, además en presencia de los familiares y tramitadores; con esta acción se “fortalece la trasparencia institucional”.
Fuente: La Razón