La Paz, 27 may 2021 (ATB Digital).- José María Cabrera, quien fuera procurador del Estado en el gobierno de facto de Jeanine Áñez, recordó que, en septiembre de 2020, Arturo Murillo solicitó su destitución luego de que la Procuraduría General del Estado iniciara las investigaciones respecto a la compra de gases lacrimógenos y material no letal entre los ministerios de Defensa y Gobierno, e informara a una comisión legislativa que el entonces Ministro de Gobierno no entregó información por un presunto sobreprecio de Bs 14,8 millones.
“Luego de asistir a la convocatoria de la Asamblea Legislativa Plurinacional y de haber concluido mi exposición informativa, recibí una serie de presiones, llamadas y alertas respecto a que Murillo estaba reclamando mi cabeza a la presidenta Áñez”, señaló en una entrevista.
Cabrera en su exposición ante los miembros de la comisión legislativa, en septiembre de 2020, afirmó que se envió, con cuatro meses de anticipación, las notas de requerimiento de información y documentación a los ministerios de Defensa y de Gobierno, para investigar el posible hecho de corrupción, y Murillo no respondió, incumpliendo con sus deberes constitucionales.
Aclaró que, mientras estuvo en el cargo, había recopilado todo el proceso de contratación y que por la cooperación que siempre brindó el Ministerio de Defensa había solicitado una ampliación de información y hasta el día de su destitución el Ministerio de Gobierno no había presentado ni un solo documento sobre el tema de los gases lacrimógenos.
En este sentido, lamentó que el sistema judicial boliviano, que empezó la investigación desde la gestión pasada, no haya emitido resultados y que fuera la justicia de Estados Unidos, que inició posteriormente la investigación, la que esclareciera el caso.
“El FBI investigó el caso desde el movimiento de dinero, donde el Banco Central de Bolivia realizó la transferencia de $us 5,6 millones a la cuenta de la empresa estadounidense Tactical Solutions, en bancos estadounidenses. Lo irregular fue un reenvío por parte de la empresa en diferentes momentos por la cantidad de $us 602.000 a cuentas de bolivianos, funcionarios que ahora son investigados, incluido Murillo”, explicó Cabrera.
Con relación a la detención del exministro de facto en Estados Unidos, Cabrera manifestó que, “en el tiempo que corre, siglo XXI ya no basta escapar de la jurisdicción de un país, sino que ya el sistema internacional, sobre todo en el tema del lavado de dinero, tiene normativa muy estricta y no se pueden esconder millones de dólares venidos de dinero sucio”. (ABI)